Procesan a una funcionaria de Alicia Kirchner por supuesta administración fraudulenta

La ex jefa de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el kirchnerismo y actual presidenta del Consejo de Educación de Santa Cruz, María Cecilia Velázquez, fue procesada por supuesta administración fraudulenta, acusada de avalar la utilización de facturas falsas por un monto superior a tres millones de pesos para justificar gastos durante eventos deportivos con fines sociales.

La decisión fue del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien le impuso un embargo de dos millones de pesos en la investigación por supuesto fraude en los gastos rendidos, luego de recibir declaraciones de comerciantes que desconocieron haber emitido facturas que figuraban justificando gastos, según el fallo al que accedió Télam.

El juez dio por probado que hubo "carencia de control administrativo" que colocó "en un lugar de mucha inseguridad el dinero público" destinado "a fines muy específicos" en la cartera que comandó Alicia Kirchner durante el kirchnerismo.

La falta de control "permitió o al menos facilitó el desvío de dinero del erario público en beneficio propio o de un tercero", agregó la resolución.

"El dinero público 'el de todos' que en este caso fue asignado al Ministerio de Desarrollo Social para afrontar situaciones de emergencia o de excepción desaparece sin justificación", advirtió el juez.

Canicoba Corral remarcó que al declarar en la causa, los supuestos proveedores "desconocieron los presupuestos" que aparecen adjuntados para justificar los gastos avalados con facturas falsas.

La denuncia fue presentada tras el cambio de gobierno por el Ministerio de Desarrollo Social tras una auditoría interna sobre la rendición de gastos desde el 1 de julio al 9 de diciembre de 2015. Las irregularidades se detectaron en eventos de la Secretaría de Deporte Social.

Un testigo de la causa, Eduardo Gromyko, del comercio "La Esquina del Deporte" negó haber confeccionado seis facturas por un total de 1.911.270 pesos que avalaron gastos del área cuestionada.

Ante la Justicia, el testigo, aseguro que dichas facturas eran distintas a las que emite su comercio. Otros dos comerciantes declararon en iguales términos y negaron haber tenido al Ministerio entre sus clientes en 2015.