La educación en la Provincia, otra vez amenazada por paros

Es de esperar que los todavía escasos encuentros informales y preliminares entre el gobierno provincial y los sectores docentes, destinados a resolver las cuestiones conflictivas pendientes, sirvan para decidir en estos días el inicio formal de negociaciones encaminadas a lograr un mayor acercamiento de las posiciones en pugna y, en su caso, una solución acorde a las aspiraciones y posturas de ambas partes.

Según se informó, desde los gremios que nuclean a los maestros ya salieron a advertir que no aceptarán un 15 por ciento sin cláusula gatillo, propuesta de aumento salarial a la que apostaría el gobierno bonaerense para 2018. Sin conversaciones formales desde noviembre pasado, cuando se reunió por última vez la comisión técnica, y al parecer con pocos contactos por temas sueldos, el escenario de conflicto entre los gremios y la Provincia se viene configurando hace tiempo.

Por su parte, tal como se señaló en la edición de ayer, en el Gobierno ya imaginan un escenario de conflicto con los docentes que podría complicar el comienzo de las clases. A grandes rasgos, se sabe que el Gobierno provincial intenta en estas horas concentrarse en una negociación salarial previa con los sindicatos de los trabajadores estatales, entre ellos los docentes.

Cabe señalar que, al margen de un llamado para discutir cuánto cobrarán en el año en curso los docentes formulan otras reivindicaciones, por deficiente infraestructura edilicia; por el nuevo un nuevo sistema online de gestión de licencias por enfermedad; un instructivo que explica a los maestros como desvincularse o cambiar de gremio; y, entre otras, por la decisión oficial de no renovar contrato a educadores sin título.

Tal como se ha dicho en años anteriores, lo cierto es que por más intensos que puedan parecer los niveles de controversia, sólo cabe insistir en la necesidad de que ambos sectores agoten las posibilidades hasta llegar a posturas consensuadas, que permitan resolver una situación cuyos primeros y más directos perjudicados son los millones de niños y jóvenes que asisten a las escuelas bonaerenses y que -de no acordar entre las partes- no podrán acudir a ellas.

Se ha dicho también acá que los dirigentes del sector docente debieran explorar la posibilidad de plantear ante las administraciones otro tipo de medidas de protesta, que puedan resultar igualmente eficaces sin que necesariamente las reivindicaciones se traduzcan en el cierre de las aulas. Bien se conocen los perjuicios que sufrió la educación pública en los últimos años y el vuelco de miles de alumnos a las escuelas privadas.

Resultaría, ciertamente, desalentador que alguien pudiera suponer que no importa que los chicos pierdan días de clase o pensar que se puede garantizar la misma calidad educativa con paros o sin paros. O que da lo mismo que haya muchos o pocos feriados. O que se puede dar clases sin docentes en las aulas.

Frente a esas falacias debe decirse que la discontinuidad de un ciclo lectivo resiente profundamente a la escuela pública y afecta el derecho de aprendizaje de los niños. Ello, sin desmerecer en absoluto las justas reivindicaciones del sector docente.

Por ello es que debe insistirse en que las autoridades y los dirigentes gremiales del sector procuren en estas horas encontrar fórmulas que impidan nuevas interrupciones del ciclo lectivo y que, por el contrario, le permitan a los alumnos ejercer el pleno derecho de aprender.