Empleo privado, reforma laboral e informalidad

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El debate en torno a una nueva reforma laboral vuelve a poner el foco sobre uno de los principales problemas estructurales del mercado de trabajo argentino. Aun cuando el empleo total creció en la última década, la economía no logró expandir de manera sostenida el trabajo asalariado en el sector privado. No se trata de un fenómeno coyuntural, sino de una restricción que se arrastra en el tiempo.

Los números permiten dimensionar la magnitud del problema. En 2012, Argentina contaba con poco más de 11 millones de puestos de trabajo registrados. De ese total, 6,1 millones correspondían a asalariados privados y 2,6 millones a empleados públicos. Trece años después, el empleo formal asciende a 12,9 millones de puestos. Sin embargo, los asalariados privados apenas alcanzan los 6,2 millones, mientras que el empleo público trepa al menos a 3,4 millones de trabajadores.

En más de una década, el empleo formal total creció cerca de 1,9 millones de puestos. Pero el empleo asalariado privado prácticamente no se movió y aumentó apenas unos 200.000 puestos en trece años. El contraste aparece también en las tasas de crecimiento: desde 2012, el empleo registrado total se expandió cerca de un 17%, explicado por el empleo público y el monotributo, mientras que el empleo privado registrado avanzó solo un 2%.

Cuando se incorpora la dinámica poblacional, el diagnóstico es aún más claro. Medido como cantidad de asalariados privados registrados cada mil habitantes, el empleo formal cayó 10% en poco más de una década, pasando de 141 a 131. Este indicador resume el núcleo del estancamiento y ubica a la Argentina muy por detrás de países vecinos como Chile y Uruguay, que duplican esa proporción según datos de la OIT y el FMI. Se trata de una pérdida sostenida en la capacidad para generar empleo formal privado.

Frente a esta restricción, la composición del empleo se fue reconfigurando. A comienzos de la década pasada, el 56% de los trabajadores registrados eran asalariados privados; hoy esa proporción cayó al 48%, cediendo terreno al empleo público y al monotributo. Solo en el último año se perdieron 25.000 puestos de trabajo registrado, la mayoría asalariados privados, mientras el monotributo incorporó casi 80.000 nuevos inscriptos desde enero de 2025. El ajuste del mercado laboral no se expresa en más desempleo, sino en una degradación de la calidad de las inserciones laborales.

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Este patrón se consolidó tras la pandemia. Desde hace varios años, el mercado laboral argentino ajusta por calidad: menos empleo asalariado formal y mayor informalidad. La informalidad total alcanza hoy al 43,2% de los ocupados, con fuertes heterogeneidades territoriales y etarias. Provincias como Tucumán, San Juan y Misiones superan el 55% de trabajadores informales, mientras que Tierra del Fuego, Neuquén y CABA no llegan al 30%. Y son los extremos etarios los más afectados: de cada diez jóvenes que participan del mercado laboral, seis lo hacen en la informalidad; entre los adultos mayores, cinco de cada diez.

Es en este contexto que debe evaluarse la iniciativa de reforma laboral recientemente impulsada. Sus instrumentos, como el régimen de incentivos a la formalización laboral (RIFL), con reducción transitoria de contribuciones patronales; el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), orientado a otorgar mayor previsibilidad frente a eventuales despidos y los ajustes en honorarios periciales, apuntan en una dirección razonable, buscando reducir costos no salariales y acotando la incertidumbre asociada a la contratación.

Sin embargo, el alcance de la reforma es acotado frente a la magnitud del problema. El 77% de los trabajadores informales se desempeña en establecimientos de hasta diez empleados, y es justamente en ese universo de microempresas donde las medidas actuales difícilmente alcancen para modificar decisiones estructurales de contratación. La rebaja de contribuciones patronales es transitoria (con una vigencia de cuatro años), lo que limita su efectividad como señal permanente para las empresas.

Incentivos

En el debate público aparecen propuestas orientadas a complementar este esquema desde el lado de los incentivos. Una de las más relevantes es la reducción de las cargas patronales para micro y pequeñas empresas, a través de mínimos no imponibles y alícuotas diferenciadas. El objetivo no es subsidiar empleo, sino alinear costos laborales con la estructura productiva real de las firmas, y así favorecer decisiones de contratación formal allí donde hoy no ocurren. Una estrategia de este tipo tendría un costo fiscal acotado y un impacto potencial significativo.

Ahora bien, el crecimiento económico es condición necesaria para que los incentivos a la contratación se traduzcan en empleo efectivo. Pero tampoco cualquier crecimiento alcanza, cuando la expansión se concentra en sectores como la minería o el agro, que representan apenas el 1% del empleo total, su capacidad de tracción es limitada.

La reforma laboral no producirá un salto inmediato en la cantidad de puestos de trabajo, pero puede contribuir a mejorar su calidad y a formalizar relaciones laborales hoy precarias. Para que ese potencial se materialice, deberá complementarse con estabilidad macroeconómica, reglas impositivas más simples y permanentes, y un proceso de crecimiento que vuelva a colocar al empleo privado registrado en el centro de la agenda económica.