Ya con nuevo presidente, la Corte debe definir casos económicos emblemáticos

El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Rosenkrantz, asumió ayer su cargo con una agenda de sentencias clave ligadas a la reforma jubilatoria y al pago de Ganancias de empleados judiciales.

También se abre una etapa en la que el máximo tribunal debe decidir sobre la continuidad de las escuchas en manos propias, entre otros temas.

Electo por decisión mayoritaria de sus pares, Rosenkrantz se mantendrá en su cargo por al menos tres años y sucede en la presidencia a Ricardo Lorenzetti, que la ejerció durante más de una década.

La ausencia de un acto formal para la renovación del cargo, sin foto ni discurso público, pareciera indicar cómo será el futuro de la CSJ de aquí en adelante: una Corte que dejará de lado su perfil político para tomar uno más técnico y legista, según consignan fuentes judiciales.

De hecho, el primer discurso público de Rosenkrantz recién será el 10 de octubre -en el encuentro de juristas convocado para acompañar al G20-, y entonces se lo verá por primera vez ocupando el centro de la foto, con el resto de los jueces del máximo tribunal.

Por otra parte, será tiempo en los próximos meses de ver cómo se define el futuro de, al menos, tres temas determinantes y de gran impacto político y económico: el pago de Ganancias por parte de los empleados judiciales, la reforma jubilatoria y la oficina de escuchas telefónicas.

Respecto de la reforma previsional, la Corte deberá decidir si corresponde que unas cerca de 100 mil personas que hoy cobran los haberes máximos paguen impuesto a las Ganancias, luego de que la ANSeS apeló un fallo que marcaba la inconstitucionalidad de ese gravamen sobre los haberes.

A su vez, en cuanto al debate de un “Presupuesto de austeridad” que plantea el Gobierno, será responsabilidad de la Corte definir si habilita a la AFIP a cobrarle Ganancias a los empleados del Poder Judicial, tras el amparo presentado por la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional para que se frene el pago de este impuesto hasta tanto se defina la constitucionalidad de la Ley 27.346.