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NORBERTO SOSA
La política monetaria implementada recientemente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en línea con la carta de intención acordada con FMI, ha comenzado a generar algunas señales positivas. El tipo de cambio, que es una de las variables más sensibles para los argentinos, ha comenzado a estabilizarse. Desde comienzos de octubre ha estado dentro de la denominada zona de “no” intervención, incluso muy cerca del piso de la misma. La tasa de interés con la cual el BCRA regula la liquidez ha descendido 10 puntos porcentuales y las expectativas inflacionarias comienzan a disminuir. La mayoría de los analistas locales e internacionales consideran que las tasas de inflación de los próximos meses serían inferiores a la de los de los meses precedentes. En síntesis, parecería que la coyuntura macro argentina comienza a salir de la turbulencia.
No obstante, el “combo” de turbulencia cambiaria, más altas tasas de interés y sucesivos aumentos de los encajes bancarios tuvieron un efecto devastador en el nivel de actividad con sus consecuentes repercusiones en el empleo. Mientras que desde el punto de vista social, el acuerdo con el FMI ha contemplado un aumento del gasto destinado hacia los sectores más vulnerables, desde el punto de vista económico las Pymes quedaron en una situación muy delicada ante las dificultades de poder financiar su capital de trabajo.
Durante 2012, el BCRA implementó en el sistema financiero una línea compulsiva de préstamos productivos, por medio de la cual los bancos quedaron obligados a destinar una parte de sus depósitos para fondear préstamos a una tasa subsidiada del 17% anual. Obviamente, fue una medida feliz para las Pymes pero generó distorsiones. En cierto porcentaje, los bancos terminaron otorgando préstamos a Pymes que no necesitaban financiamiento y/o que utilizaron dichas líneas para hacer colocaciones financieras y ganar un diferencial de tasas.
Las Pymes quedaron en una situación muy delicada ante las dificultades
Paralelamente, la Superintendencia de Seguros de la Nación obligó a las compañías de seguro, a destinar inicialmente el 5% de sus inversiones en la economía real, mediante el denominado inciso “k”. Paralelamente se creó un Comité de Eligibilidad encabezado por Kicillof y Moreno, que definía los instrumentos en los cuales se debía invertir. La reglamentación fue mutando, pero en su camino le dieron mayor impulso a los fondos Pymes, a los CPD avalados (cheques de pago diferido) y a las SGR (Sociedades de Garantía Recíproca). Como consecuencia de esta medida se generó un esquema de financiamiento alternativo al bancario, pero el criterio de obligatoriedad generó distorsiones donde por momento las Pymes lograban financiarse a menores tasas que las empresas de primera línea, debido a que había un inversor privado obligado a hacerlo, aun cuando considerara que no era lo adecuado para el resultado o el estado patrimonial de la empresa.
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Con el cambio de gobierno, los esquemas obligatorios comenzaron a removerse, al mismo tiempo que la realidad económica no estuvo en línea con las expectativas, por lo que el cambio para el mundo Pyme fue traumático. La actual administración logró la aprobación de la Ley de Financiamiento Productivo, pero por diversas razones buena parte de los instrumentos introducidos por la misma aún no están operativos como la factura de crédito.
Hacia mediados de este año el Ministerio de Producción puso en marcha al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo. Mediante el mismo, las compañías de seguro han invertido en forma voluntaria y el FONDEP con dichos recursos ha contribuido a dar más liquidez al mercado de descuento de cheques. De esta forma, las Pymes pueden descontar cheques a tasas más convenientes que en el sistema financiero o en las “cuevas”. En un primer momento los inversores del FONDEP han sido compañías de seguro, pero dicho fondo está abierto para otros inversores. A su vez, si bien el FONDEP ha invertido inicialmente en cheques avalados, recientemente ha comenzado a fomentar la denominada modalidad de negociación directa, la cual no requiere aval de una SGR. De esta forma comienzan a ganar mayor volumen alternativas de financiamiento que deberían tener muy en cuenta las Pymes.
Existen alternativas de financiamiento que muchas Pymes desconocen, lo cual genera un desafío
Si bien los orígenes del MAV datan de 1927, más recientemente en el marco de la Ley Nº 26.832 de Mercado de Capitales, ha pasado a focalizarse en la negociación de productos Pymes. Dicho mercado se encuentra físicamente en Rosario, pero se puede acceder al mismo mediante agentes que se encuentran distribuidos en casi todo el país. Es en dicho mercado donde se operan los CPD avalados y otras alternativas como las que está impulsando el FONDEP. A su vez, además de existir otros instrumentos de financiación (Pagarés, Obligaciones Negociables Simples, etc.) comienzan a aparecer otras alternativas de acceso a capitales como el A2MC con el objetivo de ayudar el desarrollo de las startups.
Según una reciente encuesta de la CAF ( Banco de Desarrollo de América Latina), Argentina se encuentra entre los países con bajo conocimientos financieros. Existen alternativas de financiamiento que muchas Pymes desconocen, lo cual genera un desafío de difusión y educación. Paralelamente el Estado argentino tiene la particularidad de no cumplir, o hacerlo parcialmente, funciones que se consideran fundamentales para un estado, al mismo tiempo de haber provocado un exceso regulatorio en otras áreas donde complica al funcionamiento del sector privado, ni hablar de la presión tributaria. Dado que en el corto plazo, es difícil poder imaginar una reducción de la carga impositiva, es fundamental trabajar en la detección y eliminación de inhibidores del financiamiento en particular y de la actividad económica en general.
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