Los paros docentes y la educación pública en la Provincia

El hecho de que en los últimos dieciséis ciclos lectivos en las escuelas públicas de la Provincia se haya perdido un año entero de clases por los paros docentes o, para decirlo más claro, que la suma de los días de paro haya equivalido a un año entero de huelga desde 2002, debiera dejar en claro dos conclusiones dominantes: en primer término, que el daño que se infiere a la formación de millones de chicos es inmenso; y en segundo, que la metodología del paro crónico, adoptada por los sindicatos docentes ante las sucesivas administraciones bonaerenses no ha demostrado ser efectiva.

Tales consideraciones, ya formuladas el año pasado en esta columna, deben reiterarse ya que los gremios docentes han decidido, a dos semanas del fin de las clases, volver a realizar una jornada de paro el lunes próximo. Será el vigésimo sexto que se concretaría en 2018.

Tal como se informó, la decisión se adoptó al rechazar los gremialistas del sector el último ofrecimiento del Gobierno provincial, consistente en un incremento salarial del 32 por ciento anual y el pago antes de fin de año de un bono especial de $ 7.000 y de $ 3.500 para jubilados y pensiones contributivas.

Luego de descalificar esa oferta y de señalar que los salarios docentes concluirán este año unos 15 puntos porcentuales por debajo de la inflación, el secretario general del Suteba anticipó que si el ciclo lectivo finaliza así, el año escolar 2019 se iniciará igualmente, es decir, con conflicto.

Son dos también las consideraciones que deben formularse: la primera de ellas, que no se trata de poner en tela de juicio el derecho de huelga, que la Constitución establece para todos los empleados públicos o privados. Tan sólo se procura instar a que se analice si esta estrategia, que fue in crescendo desde 2002 hasta 2014, cuando alcanzó el récord anual de 20 días de paro, hoy ya superado, ha derivado en mejoras concretas para el sector.

Pareciera llegada la hora –sobradamente- de que la sociedad bonaerense analice si se puede seguir en esta verdadera e irracional escalada, con directo perjuicio para millones de chicos que vienen recibiendo una insuficiente formación en las escuelas públicas.

Corresponde una vez, por consiguiente, reclamar y confiar en que gobierno provincial y a los gremios docentes extremen esfuerzos para lograr que un servicio tan esencial como lo es el de la educación pueda brindarse en plenitud, sin interrupciones que alteren, inevitable y negativamente, el aprendizaje de los escolares.

Tal como se ha dicho en años anteriores, lo cierto es que por más intensos que puedan parecer los niveles de controversia, sólo cabe insistir en la necesidad de que ambos sectores agoten las posibilidades hasta llegar a posturas consensuadas, que permitan resolver una situación cuyos primeros y más directos perjudicados son los millones de niños y jóvenes que asisten a las escuelas bonaerenses. ¿Cuál sería, en cambio, la idea? ¿Prolongar en forma indefinida, de aquí a la eternidad, el ofrecimiento de un servicio educativo deficiente e interrumpido en forma permanente?

Lo concreto es que la discontinuidad de un ciclo lectivo resiente profundamente a la escuela pública. Ello no significa en modo alguno –y se reitera aquí lo ya expresado- desmerecer las justas reivindicaciones que puedan invocar los docente

La decadencia educativa ha sido muy grande. Tantas jornadas con las aulas privadas de alumnos y maestros no sólo afectan el derecho de aprender, sino que se convierten en un compromiso moral que debe ser enfrentado. La educación no se puede brindar con las puertas de las escuelas cerradas. Hace ya demasiado tiempo que el gobierno y los gremios docentes están obligados a encontrar soluciones.

Por ello es que debe insistirse en que las autoridades y los dirigentes gremiales del sector procuren en estas horas encontrar fórmulas positivas, que permitan la extensión de ciclos lectivos sin interrupciones y que, por consiguiente, le garanticen a los alumnos ejercer el pleno derecho de aprender.