Un dirigente cada vez más incómodo en su enfrentamiento con el Gobierno

Por MARIANO SPEZZAPRIA
mspezzapria@gmail.com

El levantamiento del secreto fiscal y bancario de la familia Moyano explica en buena medida el brusco volantazo del jefe camionero hacia una oposición frontal al Gobierno. Es que la medida, ordenada por la Justicia federal, data del 29 de diciembre pasado pero recién trascendió ahora. Y habría sido uno de los detonantes del enojo del sindicalista con el presidente Mauricio Macri.

Aunque la administración de Cambiemos se despegó de las investigaciones judiciales, a los Moyano se les encendieron las luces de alarma cuando el juez federal de Morón, Néstor Barral, consiguió acceder a la información financiera más sensible del clan. Como ya publicó EL DIA, están en la mira de la Justicia las firmas Dixey S.A, Aconra S.A e Iarai S.A, todas empresas familiares.

Las investigaciones apuntan a determinar si Moyano incurrió en un desvío de fondos del sindicato de Camioneros y también de la obra social del gremio hacia esas empresas, algo que también implicaría –en conexidad- la figura de lavado de dinero. Además de Moyano están bajo la lupa su hijo Pablo, su mujer Liliana Zulet y dos hijos de la dama, Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet.

En la óptica de Moyano, que se saltea la división de poderes, esto implica un ataque directo del Gobierno para castigarlo por su oposición a las reformas laboral y previsional, además de vetar el acercamiento de Pablo Moyano con el kirchnerismo en la órbita sindical. Aunque el jerarca gremial nunca desmintió la formación de las empresas que funcionan en torno al gremio de Camioneros.

De hecho, en una de sus recientes apariciones mediáticas, apeló a su particular ironía para blanquear que encargó a la empresa Aconra la construcción del sanatorio Antártida, del gremio de Camioneros: “¡No, si se lo voy a pedir a Caputo!”, enfatizó Moyano en referencia a “Nicky” Caputo, un reconocido empresario del sector que es un viejo amigo personal del presidente Macri.

A partir de estas complicaciones con la Justicia –las causas más avanzadas están radicadas en los tribunales federales de Morón y Quilmes-, entró en escena el abogado de la familia Moyano, el ex juez Daniel Llermanos, quien salió a la palestra para asegurar que sus clientes “no están imputados” en ninguna causa. La estrategia defensiva de Llermanos incluiría el contragolpe.

Por caso, trascendió que otro abogado podría firmar una denuncia contra la diputada Graciela Ocaña, quien viene investigando a lo que denomina como el “holding Moyano” desde 2009. Y que acaba de ampliar sus denuncias ante el juez federal Claudio Bonadío. Igualmente, en el ámbito peronista-sindical afirman que, por su origen político, el magistrado no avanzaría contra Moyano.

No sería éste el caso del juez que ordenó levantar el secreto bancario de la familia Moyano, dado que a su juzgado de Morón llegó información que previamente le acercaron a un funcionario ligado a Jorge Macri, el intendente de Vicente López y primo del presidente de la Nación. Un dato que, por cierto, alimentó las sospechas de Moyano sobre la intencionalidad del Gobierno.

Ahora, la Justicia federal urga entre los inmuebles de la familia Moyano, el movimiento de sus tarjetas de crédito y de las cuentas bancarias, además de indagar sobre la presunta existencia de barcos y aviones a nombre de las empresas satelitales de la obra social y el gremio de los Camioneros. La situación se pone cada vez más incómoda para el poderoso jefe sindical.