Un juez detrás de las cuentas bancarias y de la situación fiscal de Moyano y su familia

El juez federal de Morón, Néstor Barral, dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario del sindicalista Hugo Moyano y su hijo Pablo, entre otros familiares, en el marco de una causa en la que se investiga si cometió el delito de lavado de dinero, según dejaron trascender ayer fuentes judiciales.

La medida había sido sugerida por el Ministerio Público Fiscal y el juez se la notificó el 29 de diciembre pasado al Banco Central y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo confirmaron fuentes del caso.

El Banco Central será el encargado de recopilar la información de las distintas entidades bancarias en las que se hubieren registrado movimientos de los Moyano y de la mujer de Hugo, Liliana Zulet y sus hijastros: Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.

“La investigación se encuentra en un estado incipiente. El levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario tiene por objetivo juntar información para luego analizarla y poder verificar la denuncia”, explicaron fuentes judiciales.

El expediente se originó en una denuncia en la que se señaló que Moyano habría adquirido dos viviendas en Parque Leloir de manera irregular e incurriendo en el delito de lavado de dinero.

La denuncia la formuló un funcionario del municipio de Vicente López a partir de la recepción de un mensaje anónimo en el que se daba cuenta del supuesto delito, informaron fuentes con acceso al expediente.

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En la investigación se buscará determinar si el presidente del club Independiente adquirió las dos propiedades a través de dos empresas, a nombre de sus hijastros, que habrían sobrefacturado servicios al gremio de Camioneros.

Las empresas investigadas son Ancora Construcciones; Iarai, que le presta servicios vinculados con la salud a la obra social de Camioneros, y Dixey, que fabrica ropa de trabajo y brinda servicios de consultoría.

Las empresas señaladas tienen, además, vínculos con la compañía de seguros, Caminos Protegidos Aseguradora de Riesgos de Trabajo, que es administrada por el vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano.

La decisión judicial se filtró ayer, aunque fue adoptada a fines del año pasado, en medio de los cruces entre el líder camionero y el gobierno de Mauricio Macri, de cara a la marcha del 21 de febrero en la que el actual presidente de Independiente espera movilizar a miles depersonas.

Una hipótesis en la causa es que los fondos utilizados para la compra de los inmuebles podrían ser resultado de una sobrefacturación al gremio de Camioneros utilizando dichas firmas.

En el conjunto de empresas figuran los hijastros de Moyano, y en el listado de sus principales contratistas se encuentra el gremio y su obra social.

Con la presentación del juez Barral, el Banco Central deberá juntar la información de las distintas entidades bancarias en las que se hubieren registrado movimientos de los Moyano y de la mujer de Hugo, Liliana Zulet y sus hijastros: Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.

Hugo Moyano, salió el martes con los tapones de punta en contra del Gobierno: “Hay algunos ignorantes, como el ministro de Transporte, que dicen que yo no tengo que hacer la marcha”.

Y, sobre los denominados sectores independientes de la CGT, insistió: “A las personas que dicen que no van a venir, seguramente las instrucciones las recibe del Gobierno. Se nota la mano del Gobierno para debilitar la marcha”.

No obstante, reflexionó, en forma irónica: “Hay ausencias que suman”.