Abuso en el fútbol: pidieron prisión preventiva para los seis detenidos

La fiscal María Soledad Garibaldi, que investiga al menos nueve casos de abuso sexual y prostitución de menores a juveniles de la pensión de Independiente, pidió la prisión preventiva de seis detenidos en esa causa, confirmaron hoy fuentes judiciales.

El pedido de Garibaldi, presentado a las 23hs. de ayer, domingo, involucra al árbitro Martín Bustos, al relacionista público Leonardo Cohen Arazi, al organizador de torneos de fútbol Alejandro Dal Cin, al representante de futbolistas Juan Manuel Díaz Vallone y al estudiante Silvio Fleytas. Todos ellos son acusados de abuso sexual ultrajante y corrupción de menores con agravantes.

La fiscal también pidió la prisión preventiva del abogado Tomás Beldi, quien en un primer momento defendía a Bustos y es acusado de encubrimiento por haber destruido el teléfono móvil del árbitro cuando se comenzó a investigar el caso.

En el caso de Alberto Ponte, quien se dedicaba a la compra-venta de jugadores y fue detenido acusado de acoso de menores a través de las redes sociales ("grooming"), su situación procesal se resolverá más adelante, informaron las fuentes.

Por su parte, el jueves se presentó en la UFI Nº4 de Avellaneda el dirigente de la AFA Javier "Pipo" Marín, de quién la Justicia sospecha que podría ser el contacto que aparece identificado como "Ballena" en varios de los teléfonos celulares de los chicos abusados.

En su declaración, Marín admitió haber llamado a Bustos, pero aseguró que lo hacía como parte de su trabajo, ya que el vocal titular del Comité Ejecutivo de AFA y presidente de Acassuso es el nexo entre la entidad y los árbitros.

Las fuentes precisaron que luego de declarar ante la fiscal, Marín fue "imputado no procesado", es decir que quedó en una situación intermedia: no hay pruebas suficientes para ordenar su detención pero el dirigente tampoco logró despejar las sospechas que existen sobre él.

Además indicaron que el juez Luis Silvio Carzoglio, titular del Juzgado de Garantía Nº 9 de Avellaneda a cargo de la causa, tiene cinco días para resolver los pedidos de la Fiscalía.