Salidas anticipadas, un riesgo para la seguridad pública

Las crónicas policiales reflejan, casi todos los días, casos de personas que, recién salidas de las cárceles por vía de algunos de los conocidos beneficios que rigen en el sistema penal, como las excarcelaciones anticipadas o salidas transitorias, vuelven a ser detenidas como autores de algún nuevo delito.

Se está, sin dudas, ante una cuestión que debería ser analizada ya que esas medidas, sea por su mala instrumentación u otra causa, suelen terminar poniendo en riesgo la seguridad pública.

Esta ha sido la situación que acaba de replantearse en nuestra zona, al ser arrestado en City Bell -como sospechoso de robar al menos en dos viviendas- un hombre que cumple una condena por un homicidio registrado en la capital federal.

Esta persona, que gozaba de salidas transitorias del sistema carcelario porteño, contaba además con una profusa trayectoria delictiva, lo que agrava aún más esta problemática.

No caben dudas acerca de que el uso erróneo de instrumentos que, intrínsecamente pueden ser valiosos, es el que le da base a este problema que, por supuesto, también se presenta en las cárceles bonaerenses.

Como se sabe, los índices de superpoblación plantean situaciones de virtual colapso, generadoras a su vez de leyes y medidas que buscan descongestionar a los penales.

Es evidente que los tres poderes del Estado tienen su cuota de responsabilidad en esta cuestión. La lentitud de la Justicia es un hecho innegable, como también lo es la mora administrativa para la construcción de nuevas cárceles. Los aspectos prácticos de algunas reformas legislativas quizá también hayan hecho su contribución a que el problema se acentúe en los últimos tiempos.

La experiencia se ha encargado de demostrarlo una y otra vez. Cada vez que se ha anunciado, por ejemplo, que las comisarías iban a dejar de ser lugares de alojamiento de presos, entre la intención y la realidad, se ha producido un bache que resultó insalvable.

Toda idea destinada a analizar alternativas para acelerar los procesos judiciales resulta oportuna. Pero habrá que revisar con cuidado la instrumentación de las eventuales reformas que se hagan con ese propósito.

Los antecedentes también demuestran que algunas reformas judiciales y del sistema penitenciario que, teóricamente iban a derivar en una mayor agilidad, han tenido en la práctica efectos contraproducentes.

Se ha dicho en forma insistente aquí que la alternativa de las excarcelaciones y de otros beneficios debe ser estudiada con mucha cautela. Porque es inadmisible que se busque descomprimir a las cárceles con medidas que puedan representar un agravamiento de la inseguridad pública.

A los fines prácticos, queda claro que los resultados conseguidos a la hora de afrontar estas problemáticas no han sido satisfactorios, sino lo contrario. Se ha hecho evidente que, lejos de servir para que los delincuentes se reinserten en la sociedad, las salidas transitorias, en innumerables casos, se transformaron para ellos en una nueva oportunidad para cometer ilícitos, algunos muy graves. Y para la sociedad, la inseguridad de sentirse expuesta frente a esta situación.