Casi un año de paros en los últimos 16 ciclos escolares

En los últimos dieciséis años y medio, si se cumplieran los tres días de paro docente anunciados en la Provincia para las próximas jornadas, se se habrá perdido desde 2002 el equivalente a casi un año lectivo “ideal” de clases. Para decirlo en palabras más simples: casi un año de huelga en los últimos 16 ciclos escolares.

Tal como quedó reflejado en un artículo publicado ayer en este diario, si se remontara a 2002 –cuando el país atravesaba una de las mayores crisis de su última historia- los días de paro docente sumarán 165 el jueves, cuando el ciclo lectivo ideal estipulado por ley es de 180 días de clases, un tope que nunca se cumple. A partir del inicio de la semana venidera, tras la medida de acción directa de 72 horas convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), se llegará a 14 jornadas de aulas vacías -o semivacías- en lo que va de este año.

Para muchos observadores, la reiterada metodología del paro admite dos interpretaciones. Por un lado, la de quienes aseguran -mostrando datos duros- que ha provocado una fuga de la clase media hacia los colegios privados, e incluso de sectores de la clase media-baja a instituciones subvencionadas y dependientes de la Iglesia . Por otro lado, están quienes afirman que si los maestros no paran el gobierno de turno se desentiende de sus reclamos. Subrayan que de otro modo “nadie los escucha”.

Como resultante de esta disidencia conceptual, aparece la huelga como una estrategia dominante, que fue in crescendo desde 2002 hasta 2014, cuando alcanzó el récord anual de 20 días de paro. La investigación realizada permitió comprobar, año por año, la cantidad de días en que las aulas provinciales quedaron vacías. Un fenómeno que afectó a todas y cada una de las sucesivas administraciones provinciales desde 2002.

Pareciera llegada la hora –sobradamente- de que la sociedad bonaerense analice si se puede seguir en esta verdadera e irracional pendiente, con directo perjuicio para millones de chicos que hoy reciben una insuficiente formación en las escuelas públicas.

Sea como sea, corresponde instar a ambas partes -gobierno y docentes- a que se extremen esfuerzos para lograr que un servicio tan esencial como lo es el de la educación pueda brindarse en plenitud, sin interrupciones que alteren, inevitable y negativamente, el aprendizaje de los escolares. No cabe señalar aquí otra cosa que no sea la de afirmar que, mientras quede tiempo disponible para negociar, ninguna puerta debe cerrarse en forma definitiva.

Tal como se ha dicho en años anteriores, lo cierto es que por más intensos que puedan parecer los niveles de controversia, sólo cabe insistir en la necesidad de que ambos sectores agoten las posibilidades hasta llegar a posturas consensuadas, que permitan resolver una situación cuyos primeros y más directos perjudicados son los millones de niños y jóvenes que asisten a las escuelas bonaerenses y que –de no acordar entre las partes- no podrán acudir a ellas.

Lo concreto es que la discontinuidad de un ciclo lectivo resiente profundamente a la escuela pública. Ello no significa, en modo alguno, desmerecer las justas reivindicaciones que puedan invocar los docentes. Por ello es que debe insistirse en que las autoridades y los dirigentes gremiales procuren encontrar fórmulas que permitan un ciclo lectivo sin interrupciones y que, por consiguiente, le garanticen a los alumnos ejercer el pleno derecho de aprender.