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Allanan Asuntos Internos por la denuncia de un ex comisario

Se trata del llamado “policía millonario”, quien acusó a Guillermo Berra y a otra funcionaria de “perseguirlo, hostigarlo” y montar “tareas de inteligencia encubiertas”

Allanan Asuntos Internos por la denuncia de un ex comisario

Los investigadores se llevaron documentación de las oficinas de 51 entre 10 y 11 / Sebastián casali

23 de Octubre de 2019 | 02:19
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La denuncia de un ex comisario al que los medios apodaron el “policía millonario” derivó en un allanamiento a las oficinas del organismo que lo investigó oportunamente, la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, en 51 entre 10 y 11.

El procedimiento lo hizo personal de la Policía Federal por orden del juez Guillermo Atencio y a instancias de la fiscal Cecilia Corfield, a cargo de la causa que se abrió con la denuncia por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario” público que el ex comisario Néstor Omar Martín radicó contra el auditor Guillermo Berra, informaron fuentes judiciales.

Martín fue jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía bonaerense hasta 2016, cuando dejó su cargo tras la denuncia que le hizo Auditoría de Asuntos Internos por presuntas irregularidades en su declaración jurada. Según se informó entonces, el ex comisario que había sido responsable del área que administra y ejecuta las horas extras (Cores) y adicionales (Polad) dijo en su declaración jurada que tenía 7 propiedades, pero lo vinculaban con una flota de helicópteros, 101 terrenos en La Plata y hasta acciones en fondos comunes que manejan pases de jugadores de fútbol. El sueldo de Martín cuando dejó la fuerza no superaba los 48 mil pesos.

Asuntos Internos llevó estas inconsistencias ante la UFI 6 a cargo del fiscal Marcelo Romero (ver aparte), mientras que el ex comisario contraatacó denunciando en la UFI 15 a Guillermo Berra y a la Auditora Sumarial de la Auditoría Patrimonial, María Rosario Sardiña.

Los acusó de poner en marcha “un plan sistemático de persecución y hostigamiento” a “diversos funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del gobierno anterior, dentro de los que me encuentro”, cita la denuncia a la que accedió este diario. Martín le endilga a Berra haber creado “una estructura administrativa como lo es la Auditoría Patrimonial, con el objeto de aparentar ante María Eugenia Vidal una gestión eficiente en relación a las políticas de transparencia en la función pública que la Gobernadora pretendía imponer en su administración. Y puso a cargo de esta nueva Auditoría a su pareja, la Dra. María Rosario Sardiña, asegurándose así de forma totalmente espuria el manejo y resultado de la primera etapa del proceso administrativo a cargo de la A.G.A.I”, argumentó el ex comisario. En concreto, acusa a Berra y a Sardiña de realizar “tareas de inteligencia sin previa autorización judicial”, que habrían alcanzado, según trascendió, a otros ex policías y hasta funcionarios judiciales.

“Además, ha dispuesto un sistema paralelo de declaraciones juradas”, siguió, resaltando que, en su caso, “todas estas maniobras han sido acompañadas de la divulgación a través de medios de comunicación masiva de información falsa, en la que a partir de la investigación administrativa se me ha sindicado como ‘el comisario más rico de la Bonaerense’ , entre otras manifestaciones calumniosas”.

La presentación de Auditoría de Asuntos Internos se hizo días después de recibir el detalle de las propiedades que declaró Martín en la Escribanía General de Gobierno, que incluían siete propiedades inmuebles en La Plata; un helicóptero “experimental” valuado en 400 mil pesos y otros bienes, todo con un sueldo de comisario general.

A criterio del ex policía, “este manejo irregular y abusivo” de Berra “encuentra su punto más claro en la tramitación del expediente administrativo Nº 1050/21906/916 en el cual continúa desplegando una actividad investigativa respecto de mi persona, no obstante no revistar ya calidad de funcionario policial” por haber sido dado de baja en noviembre de 2016.

Denuncia que amplió “la investigación administrativa y las tareas de inteligencia encubiertas” a sus familiares y aclara que su “evolución patrimonial se encuentra legalmente acreditada a través de los informes contables”.

 

 

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