Más allá de las controversias que se vienen suscitando, lo ocurrido en Bolivia constituye un golpe de Estado que debe ser repudiado y rechazado, ya que retrotrae a ese país al imperio discrecional de los manejos autocráticos que se creían superados en América latina. La autoproclamación como presidenta interina de la senadora opositora Jeanine Áñez, en una decisión que se adoptó sin respetar los protocolos legislativos, podría incrementar las tensiones políticas en un país que vive desde hace semanas en un clima de violencia.

Se ha señalado que toda interrupción del mandato de un jefe de Gobierno mediante un procedimiento inconstitucional, ya que no existió destitución parlamentaria sino una renuncia forzada por parte de otro agente del Estado –en este caso, basada en una “sugerencia”- y el hecho de que fueran las Fuerzas Armadas las que definieron el desenlace, conforma las características propias de un golpe de Estado.

Sin embargo, no puede dejar de ponderarse que las protestas en Bolivia, que estallaron a mediados de octubre, surgieron de las graves acusaciones de fraude electoral a favor de Evo Morales, el expresidente hoy asilado en México, que buscaba a toda costa perpetuarse por un cuarto mandato. Como bien se sabe, el informe de la auditoría electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) encontró graves irregularidades, cuestionó la mayoría que invocaba ese dirigente y recomendó nuevos comicios, lo que desencadenó los hechos que precipitaron la renuncia de Morales.

El informe de la OEA consignó que “las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado (...) y deslindar las responsabilidades de este caso grave”. Añadió asimismo que “resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta”.

Debe recordarse, además, que Bolivia quedó virtualmente dividida en febrero de 2016, cuando el electorado decidió por medio de un plebiscito que Morales no podía presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales. Ello derivó en que al año siguiente el Tribunal Constitucional determinara que el límite constitucional de dos mandatos era “una violación a los derechos humanos” y permitió así que Evo Morales se promoviera para un nuevo período. Lo cierto es que el no respeto al referéndum desembocó en el descontento de amplios sectores populares,

Mientras todo esto vino ocurriendo, La Paz terminó por convertirse en las últimas horas en una ciudad sitiada por las manifestaciones opositoras y de los seguidores de Morales. El vecino país pareció así quedar al borde de un estado de absoluta anarquía, sucediéndose las dimisiones de los más altos funcionarios del gobierno. Aún admitiendo la extrema complejidad que reviste la situación, puede decirse que, a pesar de la mencionada autoproclamación presidencial de la senadora Áñez, Bolivia vive en un virtual vacío de poder desde hace varias jornadas.

Más allá de abogar por el restablecimiento inmediato de la vida institucional de ese país, no puede ignorarse que gran parte de la incertidumbre existente derivó del sistemático accionar de Evo Morales, que intentó controlar la actividad de instituciones como el Tribunal Electoral (TSE), propagándose a partir de allí el estado de protesta pacífica de gran parte de la población. Tales manifestaciones, lamentablemente, y dieron pie al motín policial de los últimos días y a la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas dirigidas al ex presidente para que renunciara.

Es preciso, entonces, no sólo repudiar todo golpe de Estado como forma de resolución de los problemas políticos en cualquier país, sino también rechazar la actitud muy generalizada de algunos dirigentes políticos latinoamericanos, que una vez que son llevados al gobierno por mandato del voto popular -invocando cualquier excusa política o económica- pretenden eternizarse en el poder, transgrediendo no sólo las letras constitucionales, sino vulnerando el sentimiento republicano de los pueblos, interesados sanamente en que exista la alternancia en el manejo de sus repúblicas.

Corresponde, entonces, formular un llamado a la dirigencia política boliviana para que se restablezca en forma inmediata el estado de derecho, se garanticen los derechos fundamentales de la población y se convoque cuanto antes a elecciones, que deben ser transparentes para que Bolivia pueda volver a vivir con sus instituciones legitimadas por el voto popular. No existe otra fórmula que no sea la que ofrecen la democracia y el espíritu republicano.