Con el poder político renovado, Cristina juega de contraataque en Comodoro Py

Por MARIANO SPEZZAPRIA

@mnspezzapria

Cristina Kirchner no quiere asumir la Vicepresidencia con un pedido de prisión preventiva vigente en su contra. Por eso ordenó a sus abogados un contraataque en los tribunales federales de Comodoro Py, en una jugada que la llevará el próximo lunes a hacer personalmente un alegato contra lo que el kirchnerismo denomina “lawfare”, una suerte de alianza entre jueces, fiscales y medios de comunicación para perseguir y encarcelar a dirigentes de fuerzas “populares”.

La estrategia de Cristina tuvo ayer un primera movida a través de su defensor Alberto Beraldi, quien le reclamó al tribunal que juzga a la ex presidenta en la causa “Obra Pública” que “garantice la transmisión en vivo” de la declaración prevista para el 2 de diciembre. El pedido, anticipado a EL DIA por fuentes del Instituto Patria, implica que la vicepresidenta electa avanzará con acusaciones contra funcionarios judiciales y del Gobierno de Mauricio Macri en plena retirada del poder.

El argumento de Cristina para que caigan los pedidos de prisión preventiva en su contra –uno de ellos solicitado por el juez federal Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos- es que siempre se mantuvo “a derecho” y concurrió a todas las citaciones que le hicieron los magistrados y tribunales. Aunque la ex presidenta hará énfasis en la “persecución política”: dirá que le resulta extraño que Bonadío no haya pedido su apresamiento cuando no tenía fueros parlamentarios.

Esto es, el período que transcurrió entre el 10 de diciembre de 2015 –cuando dejó la Casa Rosada tras ocho años de mandato presidencial- y el momento en que resultó electa senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, en octubre de 2017. Por el contrario, apuntará Cristina, los pedidos de captura en su contra comenzaron a ejecutarse cuando ya se desempeñaba en la Cámara alta, un lugar donde la Justicia sabía que no le quitarían la inmunidad de arresto.

Para la vicepresidenta electa, que en sólo 11 días pasará a encabezar el Senado, ese desfasaje temporal muestra que la intencionalidad del juez Bonadío era política antes que judicial y que perseguía –de acuerdo a su óptica en combinación con Macri y Cambiemos- el objetivo de sacarla de la carrera electoral para el recambio del gobierno este mismo año. Cristina empezó a utilizar el término “lawfare” para referirse al encarcelamiento en Brasil del ahora liberado Lula da Silva.

Ahora, con el poder político renovado por los votos que llevan al peronismo de regreso al Gobierno nacional, Cristina busca con esta batería de argumentos que caigan las dos prisiones preventivas que rigen en su contra, por las causas de los cuadernos y del memorándum que firmó con Irán. Pero también pesan sobre ella diez procesamientos confirmados en segunda instancia.

LOS “PRESOS POLÍTICOS”

El contraataque que Cristina pondrá en marcha el lunes en Comodoro Py tuvo ayer un segundo anticipo, cuando unos dos mil militantes kirchneristas marcharon a los tribunales del barrio porteño de Retiro para exigir la “liberación de los presos políticos antes de la Navidad”. En la movilización hubo varios oradores de segundo orden, como el ex vicegobernador Gabriel Mariotto, pero lo cierto es que contó con el aval explícito de la ex presidenta de la Nación.

A tal punto, que el encargado de verbalizar ese apoyo fue Oscar Parrilli, el titular del Instituto Patria que asumió como senador por Neuquén y que, en la puerta del Congreso, advirtió que los ex funcionarios detenidos fueron “encarcelados sin condena firme por una decisión del presidente Macri que extorsionó y presionó a muchos jueces para que eso ocurra”. Se refirió así a los casos del ex vicepresidente Amado Boudou y del ex ministro de Planificación Julio de Vido.

Aunque en la lista de los “presos políticos” también aparecieron los nombres de la dirigente jujeña Milagro Sala, del sindicalista platense Juan Pablo “Pata” Medina y del ex piquetero matancero Luis D´Elía, todos presos por distintas causas relacionadas a hechos de corrupción. Entre el público asistente se pudo ver a Alessandra Minnicelli, la esposa de De Vido; a la pareja de Boudou, Mónica García de la Fuente y también al recientemente liberado ex líder de Quebracho Fernando Esteche.

En ese marco se escucharon algunas definiciones que, bien interpretadas, no parecieron solamente dirigidas contra los jueces de Comodoro Py: “En un Gobierno popular no puede haber presos políticos”, fue una de las principales consignas de la manifestación, en un mensaje destinado a las oficinas de Alberto Fernández en Puerto Madero. El presidente electo ya se manifestó contrario al dictado de la prisión preventiva cuando no haya una condena firme.