La respuesta del Estado frente a la niñez en riesgo, otra vez en debate

El caso del niño de 9 años que intentó asaltar una joyería en Moreno el sábado pasado volvió a poner en el centro del debate el rol del Estado frente a la situación de la niñez en riesgo. Sobre todo después de que la jueza que entiende en la causa revelara que la mamá del niño había pedido ayuda en reiteradas ocasiones frente a otras situaciones conflictivas en las que se había visto envuelto el niño.

La jueza consideró que la madre del menor -que tiene otros cinco hijos de entre dos meses y trece años- no cometió una negligencia, pero que se veía obligada a dejar a los chicos solos para salir a trabajar.

Como se sabe, la investigación que siguió al hecho ventiló una situación de extrema vulnerabilidad en la vida del niño protagonista de la historia y la de su mamá, en la que se mezclan el abuso, el abandono escolar y el consumo de drogas.

La jueza Mirta Guarino, que intervino de hecho en el caso, dejó entrever que esta historia es apenas la punta de un iceberg en un partido en el que “circulan muchas armas en manos de menores” y en un distrito “con muchos abusos sexuales de menores”.

Frente a esta situación, especialistas en minoridad consultados por este diario destacaron que, en la Provincia de Buenos Aires la situación de la niñez en riesgo representa una permanente preocupación.

Especialmente, apuntan, por lo que se considera una “inadecuada respuesta del Estado, que falla en la prevención y que sólo se encuentra con la niñez en riesgo a través de su brazo punitivo”.

Marcelo Iafolla es subdirector del Programa de Niñez y Adolescencia de la Comisión Provincial por la Memoria y opina que “en la historia puntual del chico que quiso asaltar una joyería en Moreno hubo antes un montón de elementos que el Estado tenía que resolver y no resolvió”.

Para Iafolla detrás del hecho puntual y contundente del niño armado aparece un contexto de vulnerabilidad extrema, un chico que había sido expulsado de la escuela y no estaba escolarizado al momento del hecho, con contactos tempranos con drogas y una madre que no podía controlarlo y había pedido ayuda en varias oportunidades.

“Muchas de esas situaciones exigían la intervención del Estado y existen las herramientas para que éste actúe. La principal es el Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes que tiene un presupuesto, se implementa a través de los municipios y la Provincia debe controlar”, dice Iafolla.

“Con todo, esos presupuestos son escasos y los sistemas son aplicados de una manera muy deficiente por los municipios. Entonces todos los mecanismos de prevención fallan. El Estado está ausente cuando el pibe lo necesita. Y cuando finalmente interviene lo hace con su brazo punitivo, con lo que la recuperación se hace mucho más difícil”, dice Iafolla y agrega que “es necesario generar un sistema que cuide de una manera eficaz el cumplimiento de los derechos de los chicos”.

“El Estado falla en la prevención y cuando interviene lo hace con su brazo punitivo”