En los últimos seis meses, casi todos los barrios y localidades próximas al casco urbano de la Ciudad sufrieron casos de usurpaciones o tomas de terrenos, de distinta magnitud, que resultaron un foco de alarma y gran preocupación para los vecinos que habitan propiedades próximas a los puntos donde se concretaron estas actividades ilegales, en la mayoría de los casos con el impulso y la protección de organizaciones políticas.
Este tipo de fenómeno, dicen, suele crecer en épocas preelectorales, impulsados muchas veces por punteros que “arrean” a personas de bajos recursos hasta los espacios que pretenden ocupar. Y, generalmente, en lapsos muy breves de tiempo, montan casas precarias allí para aferrarse al terreno y hacer que resulte más difícil desalojarlos.
Se avanza sobre lotes que se encuentran deshabitados, pero que no por ello carecen de propietario. Es así que, a posteriori, surgen inevitablemente focos de conflictividad cuando el dueño quiere disponer de su lugar y, al no poder hacerlo, se ve en la compleja misión de denunciar la usurpación y tener paciencia hasta que se concrete un desalojo, muchas veces en medio de choques entre los usurpadores y la policía, destrozos y heridos.
EL DIA hizo numerosas publicaciones sobre este flagelo en los últimos tiempos y dio cuenta de las peripecias de vecinos de los mencionados puntos a la hora de tratar de resguardar su patrimonio de estas prácticas ilegales. Muchos de ellos denunciaron a “mafias”, a las que responsabilizaron por tener como fin la venta de los terrenos que mandan a ocupar. Mientras que otros apuntaron a agrupaciones sociales o con fines políticos que “empujan” a personas a avanzar sobre zonas deshabitadas y las utilizan como grupos de presión. Pero en cualquier caso, lo que no puede permitirse en la Región es un crecimiento urbanístico anárquico y desorbitado, como el que se desprende de las usurpaciones.
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