Amenazas de bomba que complican a la población

Una vez más las amenazas de bomba volvieron a alarmar a la población, ahora en perjuicio de los usuarios del ferrocarril a partir de llamados intimidatorios que se realizaron en las últimas horas a la estación Constitución y a otras del Gran Buenos Aires, en una situación que se tradujo en demoras y cancelaciones de numerosos servicios, llegándose así a complicar seriamente la jornada para miles de pasajeros que utilizan el tren para llegar a sus trabajos o regresar a sus hogares.

Tal como se recordará, el año pasado hubo centenares de llamados amenazantes que alteraron profundamente la vida de numerosas escuelas públicas de la Provincia, en especial a las de nuestra región –y ocurrió lo mismo con ministerios y dependencias oficiales- aunque, disipada en parte esa alternativa, las intimidaciones tomaron como nuevo blanco a los estaciones ferroviarias.

Los primeros datos recogidos indicaron que fueron 119 los servicios ferroviarios que debieron ser cancelados en los últimos días, en base a amenazas que, por lo pronto, paralizaron a la estación Constitución. Las secuelas repercutieron en la Terminal platense ya que los servicios dejaron de salir desde La Plata, generándose demoras y todo tipo de dificultades a los pasajeros.

Según se informó desde la Policía Federal, se habría logrado detener a un joven en la zona de Constitución, en inmediaciones de la calle Brasil, comprobándose que desde su teléfono celular se habría realizado una de las llamadas intimidatorias. También desde fuentes oficiales se detalló que en los últimos dos meses se registraron once amenazas de bomba que resultaron falsas en cinco estaciones de las líneas Roca y Sarmiento, afectándose durante los operativos a unos 600 mil pasajeros.

Es fácil advertir sobre cantidad y calidad de trastornos y perjuicios que originan estas falsas amenazas. No sólo obligan a suspender los servicios de pasajeros programados y, llegado el caso, a evacuar andenes y formaciones, sino que también exigen como protocolo básico a la movilización de expertos en explosivos, que deben revisar todas las instalaciones y disponer el inicio de las correspondientes causas judiciales.

Al igual que lo que ocurre con todas las amenazas de bomba, los llamados intimidatorios activan también en forma automática las alarmas en bomberos y hospitales, donde se disponen de inmediato medidas para eventuales emergencias. Y desde ya, estos episodios generan siempre -pese a la “habitualidad”- temores e incertidumbre hasta que los especialistas comprueban que se trata de una falsa amenaza.

Desde el área de Seguridad nacional se consignó ayer que existen muy serias consecuencias legales para quienes incurran en este tipo de acciones. Siempre se ha señalado que, como fórmula disuasoria, resultaría trascendente informar en detalle acerca de las investigaciones que se realizan, las eventuales detenciones y las penas que pudieren corresponderle a los autores de las amenazas.

Dada la magnitud que alcanza ahora la nueva oleada de amenazas, se vuelve imperativo que las autoridades extremen sus esfuerzos para detener a los responsables de este delito, sin perjuicio de que debieran intensificarse campañas destinadas a que la sociedad tome conciencia de los graves perjuicios que le causa a muchos la irracionalidad o la mala intención de unos pocos.