Piden llevar a juicio a los dos detenidos por el secuestro y asesinato de Xiomara Méndez

Una fiscal federal pidió que sean sometidos a juicios los dos detenidos por el secuestro seguido de muerte de Xiomara Naomi Méndez, la adolescente de 15 años que en noviembre pasado falleció asfixiada tras haber sido capturada a la salida de la escuela en el barrio porteño de Flores, informaron fuentes judiciales.

El pedido de la fiscal federal 12, Alejandra Mángano, recayó sobre Bruno Cortéz (36) y Luis Fernández (40), a quienes les imputó el delito de “secuestro extorsivo agravado por haber obtenido el pago del rescate y por causar intencionalmente la muerte de la menor de edad”.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación informó que para la fiscalía, estos dos detenidos actuaron junto a otras personas aun no identificadas al tiempo que también lo acusó de resistencia a la autoridad y utilización de armas de fuego.

Los acusados “sustrajeron, retuvieron, ocultaron y causaron intencionalmente la muerte de la joven menor X.N.M.M, de 15 años de edad; por quién además exigieron –para su liberación – y cobraron la suma de 30.000 pesos”, afirmó la fiscal en su requerimiento.

En el escrito, la representante del MPF sostuvo además que al menos “uno de los imputados conocía a la víctima”, lo que consideró un agravante en su conducta ya que se valió de ese “vínculo de afecto” para secuestrarla a la salida de la escuela.

Otro de los agravantes tomados en cuenta por la fiscalía fue la edad de la víctima, que cursaba el segundo año en el Liceo 5 de Flores, situado en avenida Carabobo 297.

Para la fiscal, “los autores del secuestro extorsivo le provocaron intencionalmente la muerte a la adolescente”.

La calificación legal presentada por el MPF había sido confirmada en enero pasado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal al expedirse sobre el recurso de apelación de uno de los imputados al procesamiento con prisión preventiva dictado en diciembre de 2018 por el juez federal Claudio Bonadio.

Según el fallo de la Cámara, Fernández fue quien el 20 de noviembre último “llamó por su nombre a la víctima menor de edad en la puerta de salida del colegio secundario en el que cursaba sus estudios puesto que resultaba una persona allegada a su familia”.

Tras hacer subir a la menor de edad a un Fiat Duna rojo, Fernández y Cortéz llamaron desde el teléfono de la adolescente a su madre y le exigieron el pago de un rescate que consistía en la entrega de una suma de dinero y cocaína.

“Esa medianoche los nombrados se hicieron de treinta mil pesos que la madre de la menor secuestrada había dejado como respuesta a la extorsión debajo de un vehículo estacionado en la esquina de Chiclana y Boedo”, señalaron los camaristas.

Luego, los secuestradores huyeron del lugar sin liberar a la adolescente y fueron detenidos horas más tarde por detectives antisecuestros de la División Operativa Central de la Policía Federal (PFA), tras una persecución por el Acceso Oeste que finalizó en un choque a la altura del partido bonaerense de Ituzaingó, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Dentro del auto, la Policía encontró muerta en el piso de la parte trasera a la adolescente, que estaba amordazada, maniatada, con la cabeza tapada por una manta y cinta de embalar alrededor de la cara y el cuello, donde tenía enroscado un cinturón de seguridad.

Para la cámara, “la fuga y resistencia a las autoridades mediante la exhibición de un arma de guerra, sumada a la extrema gravedad de los hechos, su carácter violento y a la clandestinidad que los rodeó, son indicios de los riesgos procesales inherentes a la situación”.