Patentes farmacéuticas: qué pasará con la provisión de medicamentos y cómo influirá en los precios

El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, aseguró hoy que ningún medicamento tiene que ser retirado del mercado ni incrementarse su precio a partir de los cambios en el régimen de propiedad intelectual impulsados por el Gobierno. El funcionario buscó llevar tranquilidad frente a las críticas generadas por la modificación normativa y explicó que la medida no afecta a los medicamentos actualmente disponibles.

“Es un incentivo de acá para adelante, para nuevas drogas que se traigan y lleguen más rápido”, sostuvo por  radio Splendid AM 990. Cacace detalló que la reforma implicó la derogación de una resolución vigente desde 2012 que, según indicó, imponía restricciones adicionales para la aprobación de patentes farmacéuticas.

“En la práctica hacía que no se otorgaran prácticamente patentes o tenían una altísima tasa de rechazo”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el nuevo esquema respeta los estándares internacionales y mantiene la duración de las patentes en 20 años. “Reconoce que si alguien desarrolla una droga o una tecnología, eso tiene que ser reconocido”, afirmó.

Para despejar dudas sobre el impacto en el mercado, el funcionario explicó que el Gobierno realizó un cruce entre las solicitudes de patentes y los medicamentos aprobados.

“Todos esos productos pueden seguir siendo comercializados sin cambios, sin exclusión ni retribución alguna”, detalló. Además, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, negó que la medida tenga efectos sobre los costos del sistema de salud.

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“Queremos transmitir tranquilidad a la ciudadanía: esto no va a generar aumentos de precios ni impacto en las cuotas”, insistió.

El eje de la reforma, según explicó, es revertir la falta de incentivos a la inversión en el sector. “Esto desalentó la llegada de nuevas terapias y la inversión de laboratorios extranjeros”, indicó, y agregó que la nueva normativa busca acelerar el acceso a innovaciones.

En esa línea, destacó que ya hubo señales concretas tras el cambio regulatorio. “Se anunció la creación de un centro global de investigaciones de Pfizer en la Argentina”, afirmó, y anticipó la llegada de más proyectos vinculados a la investigación clínica.

El funcionario también vinculó la reforma con la estrategia de apertura económica. “Integrarse al mundo implica respetar las reglas de propiedad intelectual”, señaló, y recordó que la Argentina busca alinearse con sus socios comerciales.

Por otra parte, Cacace subrayó la necesidad de avanzar en reformas similares en el sector agropecuario, particularmente en el mercado de semillas.

“No reconocer la renta de la innovación genera subinversión y pérdida de productividad”, advirtió.

Finalmente, enmarcó estas medidas dentro de una agenda más amplia de desregulación. “Ya llevamos alrededor de 15.000 normas modificadas o derogadas”, precisó, aunque reconoció que aún queda un largo camino por recorrer. “Falta mucho para lograr una plena integración a los mercados desarrollados”, concluyó.

El Gobierno flexibilizó el otorgamiento de patentes farmacéuticas

El Gobierno nacional modificó las normas vigentes para flexibilizar el otorgamiento de patentes químico-farmacéuticas, en cumplimiento del acuerdo comercial con los Estados Unidos.

Para hacer efectivo el cambio derogó las pautas de patentabilidad para invenciones en el sector que estaban vigentes desde el año 2012 y le otorgó más facultades al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

La medida se efectivizó mediante la Resolución Conjunta 1/2026, suscrita por los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

La decisión administrativa implica el fin de un marco normativo que restringía el otorgamiento de patentes en el sector salud bajo criterios específicos de examen.

A partir de la entrada en vigencia de esta norma, el INPI recupera la facultad de evaluar cada solicitud de forma individual, aplicando los requisitos generales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial establecidos en la Ley de Patentes.

“Con la derogación Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales incluyendo Estados Unidos, con quien avanzamos en un acuerdo que como contraparte de esta normalización le abre todo su mercado doméstico a nuestra industria farmacéutica”, señaló el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.

El ministro afirmó que “el INPI analizará cada solicitud de patente caso por caso, conforme a la ley, sin restricciones adicionales” y aclaró que la derogación rige hacia adelante. Esto implica que los productos farmacéuticos que ya están en el mercado “no se verán afectados de ninguna manera y podrán seguir comercializándose sin restricciones ni retribución”.

Según los considerandos, “el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual es importante para promover la innovación e incrementar la disponibilidad de nuevos productos químico-farmacéuticos”.

Asimismo, el documento señala que contar con regímenes de patentamiento de productos farmacéuticos aumenta "la velocidad a la que nuevas drogas son lanzadas a los mercados", incluidos los países en desarrollo.

La regulación derogada establecía limitaciones técnicas para diversas categorías de invenciones. Por ejemplo, en relación con los polimorfos —diferentes formas cristalinas de una misma sustancia— la norma de 2012 dictaminaba que "tales reivindicaciones no son admisibles" por considerarse una mera identificación de una propiedad de la materia.

También excluía a las sales, ésteres y otros derivados, al definirlos como "la misma sustancia ya conocida por el estado de la técnica". La normativa previa también rechazaba las patentes de "segunda indicación médica" y de "dosificación/dosis", tratándolas como métodos de tratamiento médico no patentables.

Con el cambio de régimen, el análisis de patentabilidad se realizará "caso por caso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la Ley N° 24.481".

El Gobierno sostiene que la derogación busca generar "condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica que faciliten la introducción de innovaciones" y el bienestar general.

Argumentan que mantener las guías anteriores resultaba inapropiado frente a la "pérdida de beneficios para la sociedad en su conjunto asociados a la innovación".