Antecedentes que dividieron a la sociedad

En agosto del 2018, una chica de 14 años con discapacidad mental que había sido violada por el dueño de la quinta donde vivía iba a realizarse un aborto legal, cuando miembros de organizaciones autodenominadas “provida” entraron por la fuerza al Hospital Rawson, donde también espera la resolución de su caso la nena ahora violada en Médano de Oro, en la misma provincia.

La adolescente cursaba un embarazo de 10 semanas y sus padres habían firmado el acuerdo para que accediera al aborto, y en esa oportunidad hubo forcejeos y empujones, y luego una denuncia penal con el objeto de frenar el procedimiento fue presentada por dos profesionales de la salud “celestes” ante el mismo fiscal que entiende en la causa actual de violación, Daniel Galvani.

Finalmente, el procedimiento pudo llevarse a cabo y los médicos que lo realizaron recibieron el apoyo del gobierno provincial y de las autoridades del hospital, y la chica pudo retirarse a su domicilio sin complicaciones.

El otro caso ocurrió hace poco más de un mes, con una situación similar en Tucumán. La discusión sobre el tiempo de gestación llevó a que el embarazo avanzara y a la niña se le practicó una cesárea. Poco tiempo después, la recién nacida murió. El gobernador de la provincia había adelantado que sería adoptada.

Los médicos que estuvieron a cargo de la operación, cuando el resto de los profesionales del hospital se declararon objetores de conciencia, fueron denunciados por las organizaciones pro vida a través de sus abogados, mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos y feministas acusaron al sistema de salud provincial de someter a la nena a una tortura.

Cabe destacar que según se volvió a señalar ayer con motivo del nuevo caso en San Juan, cuando se trata de una violación, el aborto a requerimiento de la mujer violada debe llevarse a cabo sin dar intervención a la justicia, y en el caso de una menor, debe hacerse lo que dispongan los adultos responsables.