Fiesta trágica: la Justicia sobreseyó a un funcionario pero ordena investigar a otro

La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata sobreseyó ayer al ex secretario de Seguridad de la municipalidad de La Plata, Daniel Piqué, en la causa que investiga la muerte de Yésica Emilia Uscamayta Curí (26), la joven que apareció sin vida en una piscina, el 1º de enero de 2016, en una quinta de Melchor Romero, donde se desarrolló una fiesta clandestina con la participación de unas 300 personas. No fue la única novedad, ya que el tribunal objetó que no se profundizara en la investigación sobre la responsabilidad de otro funcionario apuntado en las declaraciones testimoniales y ordenó formar una nueva causa.

En la resolución, dictada por unanimidad por los camaristas Carlos Argüero, Raúl Dalto y Sergio Almeida, se hizo lugar al planteo de la defensa del imputado, a cargo del abogado Fabián Améndola.

En la apelación ante la Cámara, el defensor alegó que Piqué de ninguna manera incurrió en “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y ofreció prueba para demostrar que los policías y agentes a su cargo recibieron la clara orden de impedir que se realicen fiestas clandestinas y que esa noche trágica -se explica en el voto del doctor Argüero-, según las constancias de la causa, el imputado cumplió con “la directiva expresa del intendente municipal Julio Garro para todos los funcionarios de clausurar toda organización de fiestas clandestinas, que no estuvieran autorizadas legalmente”.

Sin embargo, en la prueba aportada a la causa, aparece el testimonio -incluido en la resolución de la Cámara- del por entonces delegado municipal de Romero, Adrián Zamudio, quien explicó “que cuando habló con el Comisario Verón, este le dijo que la orden venía de arriba que la fiesta no se iba a suspender, que luego habló con Walter de Control Urbano y este le dijo que `ésto estaba arreglado de arriba y viene de la mano de Garmendia, del Subsecretario de Gobierno, quien habría recibido dinero para que la fiesta se desarrolle con normalidad´”.

El Tribunal expresó que “llama poderosamente la atención, que tampoco agotara la instrucción actuante una seria investigación en relación a la hipótesis que llevara a demostrar la intervención de otro de los funcionarios que se desempeñaban dentro de la órbita de la autoridad municipal, que habría participado activamente en los hechos en cuestión, y quien aparece sindicado en varias oportunidades a través de las constancias colectadas en autos, como quién mantuviera fluido contacto con los organizadores de la fiesta con la intención de que la misma se realizara de igual modo a pesar de la prohibición”.