Crece la polémica por la “adopción prenatal” aplicada en el caso de una joven violada
Edición Impresa | 2 de Agosto de 2019 | 02:18

El caso de una adolescente violada por su padrastro, que derivó en que una jueza de Corrientes tomara la decisión de concretar una adopción prenatal, generó ayer un fuerte debate entre especialistas que se mostraron a favor y en contra de la medida.
El obstetra Carlos Casella, subsecretario de salud de la Mujer, Niñez y Adolescencia de la provincia, valoró el fallo de adopción prenatal al indicar que “marca un camino alternativo al aborto”, y agregó que se priorizó “el concepto de no dañar”.
“El equipo judicial actuó inteligentemente, se propició la posibilidad de escuchar a la mamá y evitar una decisión muy cruenta en la que nadie iba a defender al niño ni la salud mental de la mujer, que no sale indemne de un aborto”, dijo Casella.
En tanto, la defensora de Pobres y Ausentes de Corrientes, Nora Maciel, consideró que “sometieron a una tortura” a la joven que entregó en adopción prenatal a una hija sobre la base de un fallo de una jueza de Familia de esa provincia.
“Ese fallo convalidó una situación de tortura a la que se sometió a la menor”, sostuvo Maciel al opinar sobre la resolución de la jueza de Familia de Paso de los Libres, Marta Legarreta, que concedió la guarda con fines de adopción de una niña nacida un día después del fallo.
Maciel argumentó que la adolescente damnificada debió someterse “a que la internen, le hagan estudios y los psicólogos digan que decidió seguir adelante con el embarazo por los riesgos que se le informó que corría, con lo cual lo que está diciendo el hospital es que no se animaba a llevar adelante una interrupción garantizándole la vida a esta chica”.
“Todos los elementos del fallo ponen en tela de juicio esta disparatada opinión que tienen algunos provida de que pueden existir adopciones prenatales”, dijo la funcionaria, e insistió en que la práctica “es ilegal”.
Por su parte, Lorena Bolzon, decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, recordó que “la medida no es nueva en nuestro país y mucho menos inédita en el mundo”.
“En provincias como Chubut o Neuquén existen protocolos judiciales de actuación que permiten dar al bebé en adopción durante el embarazo y aseguran que se cumplan principios básicos como el interés superior del niño y la autonomía personal de la mujer, a quien se le asegura contención y acompañamiento para que su decisión sea producto de un acto voluntario, libre e informado”, destacó Bolzon.
“Medidas como esta -añadió- pueden ser una alternativa válida para casos extremos como el analizado, donde el bebé es fruto de sistemáticas violaciones intrafamiliares”.
En tanto, el senador nacional de San Luis por el Frente Avanzar-Cambiemos, Claudio Poggi, opinó que el fallo “cuidó las dos vidas”.
“Es necesario que se incorpore al ordenamiento jurídico vigente la figura de la adopción de personas por nacer. Se debe dar respuesta y atención concreta a la grave situación que vive una mujer que cursa un embarazo no deseado y busca una salida legal a esa situación”, señaló.
El caso surgió luego de que la joven embarazada de 23 semanas se escapara de su hogar en la localidad de Alvear, a 440 kilómetros de la capital correntina, hacia la casa de una tía, en el paraje Yuquerí, en Paso de los Libres. Acompañada por la mujer, la joven fue al juzgado de Legarreta para pedirle autorización para la realización de un aborto no punible. Según el fallo, la joven denunció que su embarazo era producto de un abuso de su padrastro, que en reiteradas oportunidades la violó y de quien, incluso, tiene ya otra hija de dos años. De acuerdo a la sentencia, el hombre la violaba desde que tenía 13 años.
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