Los operativos municipales contra la venta ilegal en La Plata son espasmódicos, aunque en los últimos meses tomaron nuevo impulso, por lo menos en el Centro, en sintonía con procedimientos que hicieron la AFIP y el área de Migraciones para controlar la procedencia de la mercadería que ofrecen a la venta los manteros, en general senegaleses. Gran parte de esos productos llega a la Ciudad en tren o colectivos desde distintos puntos del área metropolitana de Buenos Aires.
El secretario de Seguridad de la Comuna, Darío Ganduglia, confirmó semanas atrás que se le “intervención a la Justicia para que se investigue el origen y procedencia de la mercadería que se comercializa, porque tenemos la sospecha de que, detrás de los vendedores ambulantes, funciona una mafia que opera regenteando a los trabajadores y que saca provecho de su condición de vulnerabilidad socioeconómica”.
La mayoría de los aproximadamente 200 ciudadanos senegaleses radicados en La Plata no tienen la documentación en orden y 90 de ellos viven de la venta callejera. Se los puede ver a la caída del sol empujando changos idénticos, en dirección a las pensiones donde viven. ¿Quién les provee la mercadería, elementos de trabajo y alojamiento?
En 2017, en un allanamiento en un depósito-vivienda en Liniers, encontraron pasaportes de Gambia y de Pakistán, con fotos de senegaleses listas para intercambiarlas por las originales. Migraciones hizo entonces una denuncia que motivó otra investigación a cargo del Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi, que desmanteló a una red que trajo irregularmente al país a 76 senegaleses.
Cada uno había pagado o debía US$ 6.000.
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