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Eso es en La Plata. Hay otros distritos en los que llega al 70%. En el sector apuestan a una ley de “salvataje” que apruebe la Legislatura
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Crece la preocupación entre los propietarios de los colegios privados de la Provincia, que apuestan, para salir de la profunda crisis en que colocó a ese sector educativo la pandemia del coronavirus, a una ley de “salvataje” que apruebe la Legislatura bonaerense. En La Plata, por caso, la morosidad en el pago de las cuotas llega a la mitad de las familias.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita, reiteró su reclamo para que se dé una ayuda extraordinaria a esas escuelas y advirtió que el sector atraviesa “una situación muy crítica”.
La Asociación nuclea a unos 2.000 establecimientos de enseñanza privada de la Provincia, un abanico de realidades muy diversas, tanto que, según subrayó el dirigente, el 80 por ciento de esos institutos reciben alumnos de familias de recursos medios y bajos que pagan por mes entre 3.000 y 5.000 pesos, sumas que este año, virus y confinamiento mediante, muchas de ellas no pudieron asumir. Así como en La Plata la falta de pago de las cuotas ronda el 50 por ciento de la matrícula, hay distritos bonaerenses donde el nivel de morosidad alcanza el 70 por ciento.
Aiepba está integrada por un 80 por ciento de escuelas laicas y el resto se reparte entre establecimientos parroquiales de diferentes congregaciones católicas y colegios evangélicos.
“Si bien la situación ya era difícil al comienzo de la cuarentena respecto a las dificultades económico financieras, estos aspectos se han agravado con el paso de los meses, llegando a noviembre con 56 cierres de escuelas, otras 80 con riesgo serio de suspender la actividad y vislumbrando un 2021 con más reducciones parciales y cierres totales”, anticipó Zurita.
En La Plata, justamente en el marco de esta crisis, salió a luz semanas atrás el anuncio del cierre de la primaria del colegio Santo Tomás Moro, el cual ya no inscribirá alumnos para el próximo ciclo lectivo en esa rama de la enseñanza.
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La ley cuya aprobación espera la entidad cuenta con media sanción del Senado. Ingresado el proyecto a la comisión de Educación de Diputados en esa cámara el último miércoles se resolvió pasar a un cuarto intermedio y tratar la iniciativa dentro de quince días.
Zurita consideró, en ese sentido, que “es necesario contar con el compromiso de los legisladores para ayudar a mantener en pie a miles de escuelas privadas bonaerenses”. Según sus estimaciones, si el sector no recibe el respaldo de una partida presupuestaria especial para esta circunstancia, no sólo cerrarán varios proyectos educativos. “Muchos otros van a tener que achicar sus propuestas con la disminución de cursos y eso implica menos docentes y menos personal no docente”, señaló.
Para los colegios privados el tratamiento y sanción de la normativa tiene carácter de “urgente”. Y es que, remarcó Zurita, “necesitamos una respuesta pronto, porque sabemos que hay voluntad de los legisladores de ayudar, pero no estamos de acuerdo con seguir postergando esta definición porque cada día que pasa es una escuela más que debe tomar decisiones que nadie quiere. No necesitamos dilaciones sino soluciones, sea cual sea, no importa el color político, porque acá está en juego la educación y la supervivencia de cientos de proyectos educativos”.
El mayor obstáculo que experimenta el sector es que, según argumentó el dirigente, “desde marzo viene reduciéndose el porcentaje de recaudación por aranceles, que es una de las dos fuentes de ingresos genuinos de los establecimientos”.
Para Zurita, la ayuda que demandan no es para las escuelas, sino para las familias. “Las dificultades económicas que tienen, sobre todo en los sectores de menores recursos, impactan de manera directa en el cumplimiento de sus obligaciones con los colegios”, finalizó el secretario Ejecutivo de Aiepba.
De acuerdo a los datos obtenidos a partir de una encuesta realizada por la entidad entre sus asociados, sondeo al que respondieron 1.167 servicios educativos de los cuatro niveles (inicial, primario, secundario y superior) y de distintas modalidades (común, especial, técnica, agraria) de la Provincia, el 98 por ciento enfrenta dificultades económicas; el 70 por ciento, posee algún grado de certeza en cuanto a la reducción de la propuesta o cierre; y 2.448 auxiliares y 7.203 docentes corren el riesgo de perder su puesto de trabajo.
Desde marzo viene reduciéndose el porcentaje de recaudación por aranceles
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