Venezuela, 36 meses de hiperinflación sin freno y salarios raquíticos

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Venezuela terminará noviembre con 36 meses de hiperinflación a cuestas, un escenario que, más que un problema, expertos identifican como el mayor síntoma de las distorsiones de la economía del país caribeño.

Aunque no hay consensos entre los especialistas sobre cuándo la nación petrolera abandonará este estado de alta inflación, todos coinciden en responsabilizar al Gobierno del presidente chavista Nicolás Maduro y a sus políticas fiscales por la acuciante pérdida del valor de la moneda venezolana.

Hay varias claves de estos tres años hiperinflacionarios. En primer lugar, una cadena de errores fiscales. Aunque Venezuela entró en hiperinflación en noviembre de 2017, los precios comenzaron a subir con fuerza desde 2014, cuando el país vio recortado su flujo de caja por el desplome de la cotización del petróleo y comenzaron a caer las importaciones, un hecho que dio paso a una severa escasez de alimentos básicos y medicamentos.

EMISIÓN SIN RESPALDO

Según analistas, la financiación -desde 2014- del enorme gasto público del Estado venezolano, a través de la emisión del Banco Central, fue el combustible que prendió fuego a la hiperinflación en el país. “El Gobierno no tenía la posibilidad de brindarnos más importaciones baratas, que fue su política económica desde el boom de las commodities (materias primas) de 2011, y activó la máquina de hacer dinero”, explicó el economista Luis Bárcenas.

La Administración de Maduro respondió al rampante aumento de la inflación con más emisión de dinero y un estricto control de precios, dos medidas que intentaban apagar el incendio con nafta.

En este marco, la hiperinflación redujo a mínimos los ingresos reales de los trabajadores venezolanos, que perciben salarios, en algunos casos, de millones de bolívares que representan apenas un puñado de dólares.

De hecho, el salario mínimo -de 400.000 bolívares o 0,51 dólares- que perciben jubilados y estatales sólo alcanza para comprar el 0,72 por ciento de la canasta alimentaria, lo que condena a millones de ciudadanos a la miseria.

Por la inflación desmadrada, los venezolanos rechazan cada vez más los bolívares, una moneda que ya no cumple las funciones del dinero, porque todo se define en divisas (el medio de pago preferido en Venezuela es el dólar), y tampoco funciona como reserva de valor, porque a nadie le interesa ahorrar en bolívares.

Los expertos discrepan acerca de cuándo podría el país abandonar el escenario de hiperinflación, si bien señalan que el indicador ya no deja registros mensuales de 3 dígitos, como sucedió durante 2018.

LO QUE SE VIENE

Según el economista Jesús Casique, los venezolanos deberán esperar hasta tener los datos de inflación del primer semestre de 2021 para conocer si los precios finalmente detendrán su constante alza.

Pero Casique cree que Venezuela no alcanzará los 44 meses de hiperinflación que sufrió Grecia tras la II Guerra Mundial ni los 63 de altísima inflación en Nicaragua entre 1986 y 1991.

Aunque la inflación tuvo su origen en malas políticas fiscales y un gasto público sin control, los elementos propios de la crisis venezolana impulsan la suba de precios.

El bolívar cada vez más inservible lleva a los ciudadanos a comprar dólares, un hecho que a su vez resta más valor a la moneda local.

Por su parte, el decano de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, Ronald Balza, apuntó que el colapso de los servicios públicos, la escasez de combustibles y la dificultad para acceder a materias primas encarece los productos y servicios, algunos de mala calidad y notablemente más caros que sus pares de la región.

Además, señaló que el masivo éxodo de profesionales destruyó el tejido y las capacidades productivas del país, otro hecho que encarece los costos de las empresas que se mantienen a flote en medio de la crisis.

Los expertos coinciden en que el Gobierno debe cesar inmediatamente la emisión de dinero sin respaldo y apretarse el cinturón fiscal, algo que Maduro prometió cuando lanzó un paquete de medidas económicas en agosto de 2018. Sin embargo, las decisiones del mandatario para frenar el alza de los precios han sido “tímidas, tardías y completamente insuficientes”, destacan los analistas, que también subrayan la necesidad de que el país recobre la institucionalidad para que los poderes puedan vigilarse unos a otros y el Ejecutivo tenga que rendir cuenta de sus gastos.

Desde 2016, el Parlamento venezolano, que controla la oposición, fue declarado en “desacato” por el Supremo, un órgano al que el antichavismo acusa de estar alineado con los deseos de Maduro. (EFE)

 

 

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