¿Un fallo ajustado a Derecho o a los tiempos políticos?

Mariano Spezzapria

@mnspezzapria

El fallo de la Corte fue bien recibido en el Gobierno y no tan bien, en sectores de la oposición. La reacción de unos y otros terminó por confirmar que el destino de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi será el que ideó la vicepresidenta Cristina Kirchner, que a la intención de los propios jueces de permanecer en sus cargos más allá del veto del oficialismo en el Consejo de la Magistratura y el Senado.

Claro que la Vice hubiera pretendido el desplazamiento liso y llano de ambos integrantes de la Cámara Federal porteña, que interviene en causas de corrupción que la implican, pero el fallo mayoritario de la Corte avaló su postura –compartida por el presidente Alberto Fernández- en cuanto a que los traslados de un tribunal a otro no deben ser considerados definitivos, si es que los jueces no atravesaron el proceso constitucional de nombramiento.

Por ende, el fallo de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Maqueda –al que adhirió Elena Highton de Nolasco- le dio la razón a los integrantes oficialistas del Consejo de la Magistratura y el Senado, que objetaron la validez de los traslados de Bruglia y Bertuzzi, realizados durante el Gobierno de Mauricio Macri, pese a que ordenó que sigan en la Cámara Federal hasta tanto se designe a sus reemplazantes.

El quinto integrante de la Corte, Carlos Rosenkrantz, volvió a quedar en soledad con un fallo en disidencia, pero puso el dedo en la llaga: hace dos años, el máximo tribunal emitió dos acordadas –la número 4 y la 8- en la que convalidó los traslados de los jueces del mismo fuero y rango –en este caso el federal, con cargo de camaristas- con el argumento de que esa había sido la “práctica institucional de más de siete décadas”.

Incluso, Rosenkrantz –que ejerce la presidencia de la Corte pero que paradójicamente no logra liderar el tribunal- ordenó al Consejo de la Magistratura “cesar de inmediato cualquier acto destinado a reemplazar” a Bruglia y Bertuzzi. Pero eso no sucederá: una fuente oficialista de ese cuerpo dijo a EL DIA que el proceso de selección se hará “lo más rápido posible”, de modo tal que se cumpla el deseo político de Cristina, de apartarlos de las causas en que está implicada.

Ese proceso suele demorar entre tres y cuatro años, pero el oficialismo buscará acotarlo a “entre seis meses y un año”, de acuerdo a los voceros consultados por este diario.

En la Cámara Federal porteña, Bruglia y Bertuzzi habían ratificado el procesamiento de Cristina por “asociación ilícita” en la causa de los “cuadernos de las coimas”. Desde ese momento, ambos magistrados quedaron en la mira del kirchnerismo. Y recurrieron en queja a la Corte a través de un “per saltum”.

El fallo contrario de la mayoría de la Corte fue considerado por ellos mismos como una derrota jurídica y –según trascendió- podrían renunciar en los próximos días.

Pero la decisión de la Corte, que es la última palabra en el sistema judicial argentino, fue objetado por algunos constitucionalistas que consideran que los jueces supremos convirtieron el principio de inamovilidad de los jueces, en uno de provisoriedad. “Fueron removidos a futuro”, advirtió en ese sentido el jurista Félix Lonigro.

La interpretación de la letra constitucional no tiene, sin embargo, muchos pliegues jurídicos: los traslados de los jueces no pueden sustituir al concurso de candidatos, que es el único procedimiento que admite la Carta Magna. En todo caso, fue la propia Corte la que complicó la situación al avalar en el pasado reciente los traslados en diversas oportunidades y rechazarlos ahora, ante un planteo del poder político de turno, como en su caso los llevaría a cabo Cristina Kirchner cuando era presidenta.

Con una lógica propia de quien intenta enmendar un error pasado, la Corte ordenó mantener en el cargo a Bruglia y Bertuzzi hasta que sus reemplazantes sean designados por concurso. Pero en el fondo, el fallo dictaminó que el mecanismo de los traslados “afecta la independencia del Poder Judicial” porque depende de la necesidad del Gobierno del momento.

El presidente Alberto Fernández, que se había perturbado cuando la Corte aceptó el “per saltum” de Bruglia y Bertuzzi, redobló ayer la apuesta y sostuvo que sigue “esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar el proyecto de reforma judicial” ya sancionado en el Senado. El mensaje del jefe de Estado también estuvo dirigido a la interna del Frente de Todos.

En cuanto a la oposición, lo más probable es que el fallo de la Corte no contribuya a aceitar el diálogo político necesario para calmar la incertidumbre que afecta a la economía. “¿Sobre la base de qué instituciones proponen un acuerdo político y social para sacar al país de la crisis mayúscula en la que está?”, se preguntó ayer el radical Mario Macri y abundó: “Escuchando al Presidente hablar de la Justicia, cuesta creer que va a ser posible cualquier acuerdo”.

En su pronunciamiento, que demoró varias semanas en medio de arduas tratativas internas, la Corte se limitó a dictaminar sobre el traslado de los jueces Bruglia y Bertuzzi. Pero el fallo tendrá consecuencias políticas, dado que algunos lo consideran ajustado a derecho y otros, a los tiempos políticos.