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Tras el fallo que anuló la condena de USD 16.000 millones, el tribunal canceló la audiencia prevista para el 16 de abril
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La Cámara de Apelaciones de Nueva York dictó una serie de medidas que ratifican el reciente triunfo judicial de la República Argentina. En sintonía con la anulación de la sentencia millonaria, el tribunal resolvió dejar en suspenso todos los recursos pendientes vinculados al juicio por la estatización de la petrolera estatal.
La decisión judicial implica la suspensión de la audiencia programada para el próximo 16 de abril. En esa instancia, se preveía tratar, entre otros puntos, la apelación presentada por la Argentina contra la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba al país a entregar acciones de YPF a los acreedores como garantía.
Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, explicó que estas acciones representan pasos lógicos derivados de la sentencia principal. El objetivo de la Cámara es mantener el estado de situación actual hasta que el fallo que favoreció al país quede firme.
El fondo Burford Capital, principal beneficiario del litigio original, enfrenta ahora un panorama complejo. Tras el revés judicial, la firma solicitó una prórroga hasta el 8 de mayo para revisar la decisión. Según trascendió, el pedido se fundamentó en compromisos personales y profesionales de su abogado principal, Paul Clement.
Para intentar revertir la situación, el fondo dispone de dos recursos que los especialistas consideran de difícil éxito como la "reconsideración en banc", un pedido para que el plenario de la Cámara revise lo actuado; o el "recurso de certiorari", una apelación directa ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Desde Burford calificaron el fallo como una decisión "decepcionante" y un abandono a los derechos de los accionistas minoritarios, aunque deslizaron que el arbitraje de tratados de inversión sigue siendo una vía posible.
El argumento central que permitió a la Argentina revertir la condena se basó en la jerarquía normativa nacional. El tribunal sostuvo que las leyes dictadas por el Congreso prevalecen sobre el estatuto interno de YPF.
Con esta resolución, pierden fuerza los intentos de los demandantes por declarar al país en desacato o por probar la existencia de un "alter ego" entre el Estado y la petrolera. La Cámara de Nueva York cerró, al menos momentáneamente, la puerta a la transferencia forzosa de acciones estatales que reclamaban los fondos de inversión.
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