Túnez sigue con los estigmas de la dictadura

Túnez se deshizo hace diez años del régimen dictatorial y cleptócrata de Zine el Abidine Ben Ali, pero ni la justicia ni el aparato de seguridad fueron reformados y la economía sigue bajo el control de algunos clanes.

Cuando Ben Ali huyó el 14 de enero de 2011, tras una gigantesca manifestación, con él se fueron solo algunos miembros de su familia y asesores directos.

El principal sostén del régimen, la policía, solo apartó a 54 cargos del Ministerio del Interior en 2011, y otro puñado más en 2013. No fueron ni juzgados ni sancionados y los otros siguieron progresando en su carrera, incluidos los perseguidos por crímenes perpetrados bajo el régimen de Ben Ali.

Durante la revolución, algunos torturadores fueron condenados, se disolvió la Seguridad del Estado, que había torturado abiertamente en las mazmorras del Ministerio del Interior, y la Constitución de 2014, alabada internacionalmente, redefinió el papel de la policía en democracia.

Pero después de un período de apertura, los demonios del pasado quisieron volver. El flagelo del yihadismo reavivó la tentación de la seguridad y ralentizó los esfuerzos para respetar los derechos de los justiciables, con medidas de vigilancia poco claras, torturas que siguen y un estado de urgencia en vigor desde los atentados en 2015.

Algunos sindicatos policiales que se formaron después de 2011 se han convertido en instrumentos de presión política y han impedido que se juzgue a las fuerzas del orden.

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Cuando los tribunales especiales empezaron a juzgar en 2018 los asesinatos, violaciones y torturas perpetradas entre 1955 y 2013, los responsables de la seguridad obstaculizaron el proceso y prácticamente todos los policías testigos o acusados se negaron a comparecer.

Hubo un intento de crear una “instancia de control de la policía” y un servicio de inteligencia sometido a control parlamentario, pero fracasó.

En la justicia, que estaba al servicio del régimen depuesto, los magistrados más notorios de la era de Bel Ali fueron apartados, pero no se ha hecho nada exigir cuentas a los jueces corruptos.

El mayor desafío para esta democracia, vista como la única exitosa de la Primavera Árabe, es la reforma de la economía.

“Se ha hecho de los derechos cívicos y políticos una prioridad, pero se han descuidado los derechos económicos y medioambientales”, alerta el politólogo Selim Kharrat.

Se alegra de que, después de dos años, por fin el debate público se centre en el corazón del problema: “el capitalismo de amiguetes” que fomenta el Estado, y “los conglomerados familiares que tienen ramificaciones” en todos los sectores de la economía.

Este sistema de renta que consiste en otorgar privilegios de explotación a las familias de siempre, y que se amplificó con Ben Ali, sigue limitando el acceso a los negocios a los que no forman parte del cenáculo, en detrimento del desarrollo del país.

La muestra de que la caída del régimen no puso fin a los malos hábitos es la percepción de que la corrupción aumentó tras la caída del dictador. (AFP)