Afirman que el “precio cuidado” para TV, internet y telefonía es “impracticable”

El aumento de 5 por ciento para los servicios de internet, telefonía y televisión por cable desde enero de 2021 que se anunció el viernes pasado junto al nuevo “Precios cuidados” del sector (las Prestaciones Básicas Universales, o PBU), con planes subsidiados para más de 10 millones de argentinos y servicios móviles de voz y datos que costarán 1 dólar por mes sorprendió a muchos, pero en especial a las empresas del sector que tienen que dar el servicio casi al precio de un alfajor premium. Desde entonces, una frase se repite de la boca de empresarios y especialistas del sector: “Imposible de implementar”.

Además del reclamo por un aumento que consideran muy bajo luego de un año de tarifas congeladas –en un contexto en el que ya hablan de negocio poco sustentable y con empresas en riesgo de subsistencia– aseguran que los nuevos beneficios, que incluyen a jubilados, desocupados y titulares de la AUH y otros planes, alcanzarán a muchas más personas. En rigor, explican, como es casi imposible el control sobre quiénes podrían ser reales beneficiarios y quiénes no, casi todos los argentinos están en condiciones de solicitarlos, según Infobae.

A las críticas de Telefónica y Claro, se sumó Telecom. “Los números hablan por sí solos y son conocidos por las autoridades. Un aumento del 5 por ciento no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora”, dijo la empresa que controla también a Personal y Cablevisión. “Si este es el camino que el Gobierno Nacional elige para el sector de la industria TIC, será también el de las oportunidades perdidas”, agregó.

Alguien que no tiene línea fija, en cualquier punto del país, podría pedirla, se la tienen que instalar en cinco días hábiles y pagará 380 pesos por mes

“Yo presidí el Enacom y el organismo de telecomunicaciones de la OEA, y participé en la OCDE y la ITU (la Unión Internacional de Telecomunicaciones). En todos estos organismos se habla de que las normas se construyen con diálogo y mesas de consenso con la industria. Nada de eso ocurre en Argentina. Alberto Fernández rompe con todo lo firmado en materia de libre competencia desde el 2000. Fijaron reglas que ellos mismos incumplen”, detalló Silvana Giudici, directora del Enacom por la oposición.

Giudici asegura que el universo de posibles beneficiarios es inabarcable y que siguiendo los parámetros de pobreza de la UCA habría una base de 18 millones de personas que estarían en condiciones de acceder a los servicios con “precios cuidados”. “Además, los reglamentos están hechos sobre la base de normas que vienen de la privatización de la telefonía y de la licitación de espectro móvil que se hizo en 2014. Si el Enacom en un mes no responde si a un cliente le corresponde el beneficio o no, el servicio básico puede quedar asignado también a gente con poder adquisitivo. O sea, 44 millones de argentinos están en condiciones de pedir el servicio y se los tendrían que dar hasta comprobar su condición fiscal o social según el listado de beneficiarios aprobado”, detalló la funcionaria.

Eso mismo se especifica en los artículos 14 y 15 de la resolución de Enacom que circula desde ayer. Allí se habla de Tiempo Comprometido de Instalación (TCI): o sea, alguien que no tiene línea fija, en cualquier punto del país, podría pedirla, se la tienen que instalar en cinco días hábiles y pagará apenas 380 pesos por mes. También se detalla, como dijo Guidici, que los prestadores están obligados a dar los servicios aunque consideren que no corresponde. Luego pueden reclamar y esperar la resolución del Enacom. Si no hay respuesta en 30 días corridos “se considerará que el usuario o usuaria se encuentra alcanzado por la ‘Prestación Básica Universal Obligatoria’ y el licenciatario o licenciataria deberá continuar con la prestación del servicio”, como indica uno de los artículos. ¿Pueden cambiar la norma y sus anexos? Sí, pueden cambiar hasta su publicación en el Boletín Oficial, algo que ocurriría mañana.

Más dudas sobre la implementación tienen que ver con quién atenderá los reclamos y controlará las bases oficiales con datos privados de los argentinos. El call center del Enacom (unas 40 posiciones), por caso, no funcionó durante la pandemia y aún no funciona al 100 por ciento por el Dispo en la administración pública.

“Puede haber un colapso para las operadoras, y no hablamos de las tres grandes sino también de las miles de pymes y cooperativas telefónicas del interior. ¿Cómo chequean? Es imposible. Tiene que haber prestaciones básicas porque la conectividad es un derecho, pero tienen que ser servicios de calidad”, dijo Giudici.