El rey Juan Carlos busca regularizar más de 500 mil euros ante el fisco de España

MADRID

El rey emérito Juan Carlos I de España quiere regularizar fiscalmente más de 500.000 euros (unos 600.000 dólares al cambio) procedentes de fondos opacos supuestamente gastados en tres años, entre 2016 y 2018, cuando ya no estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado, según publicó ayer el periódico El País.

Según este diario, el equipo jurídico del monarca emérito se reunió con responsables de la Hacienda española para presentarles una propuesta de regularización fiscal de los fondos, procedentes de su amigo el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

La información precisa que, en al menos dos de los tres ejercicios, la suma gastada sin ser declarada a Hacienda supondría un delito fiscal, pues superaría los 120.000 euros.

La regularización no está relacionada con bienes en el extranjero, sino con el uso, por parte del rey emérito y algunos familiares suyos, de tarjetas bancarias con fondos opacos, lo que es investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo español.

La regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales.

El rey emérito salió de España el pasado mes de agosto y reside desde entonces en Emiratos Árabes Unidos como huésped del jeque Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi.

Juan Carlos I, de 82 años, comunicó a su hijo, el rey Felipe VI, su decisión de vivir fuera de España ante las informaciones publicadas en las semanas anteriores sobre sus presuntos negocios ocultos en Suiza, que amenazaban con deteriorar la imagen de la monarquía en el país.

En concreto, el rey emérito justificó su decisión por la repercusión pública de “ciertos acontecimientos pasados” de su vida privada y para facilitar a su hijo la tranquilidad y el sosiego que requiere el ejercicio de sus funciones.

Al mismo tiempo, su abogado aseguró que el anterior jefe del Estado español permanecía a disposición de la Justicia por si fuese requerido por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que examina si el rey emérito ha podido incurrir en alguna causa penal desde que dejó el trono, en 2014.

OTRAS CAUSAS

El monarca emérito es objeto también de una investigación judicial iniciada como consecuencia de un informe del servicio de prevención del blanqueo de capitales (SEPLAC).

Las pesquisas las lleva adelante el Tribunal Supremo, el único habilitado para juzgar al antiguo monarca.

Asimismo, Juan Carlos es investigado en otra causa por el posible uso de cuentas bancarias a nombre de terceros que se abrió en secreto a finales de 2019 por la fiscalía anticorrupción.

En tanto, desde junio, el Tribunal Supremo investiga el presunto cobro de coimas por parte del rey emérito vinculadas a la atribución a un consorcio de empresas españolas de un contrato por la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudita en 2011.

Según había explicado el diario suizo La Tribune de Ginebra, Juan Carlos I habría recibido en un banco suizo en 2008 una transferencia de 100 millones de dólares procedentes de la monarquía saudita.

La justicia helvética también investiga las cuentas bancarias del monarca.

Cabe señalar que por ley, el jefe de Estado goza de inmunidad durante su ejercicio de funciones por lo que Juan Carlos I solo puede responder por presuntos delitos cometidos después de su abdicación, en junio de 2014.

En el caso de la investigación relativa al uso de cuentas bancarias a nombre de terceros, se trata de hechos cometidos a posteriori por lo que, si se demostrara que el exmonarca utilizó ese dinero de espaldas a la agencia tributaria, podría enfrentarse a acusaciones por blanqueo de capitales.

Coronado justo después de la muerte del dictador Francisco Franco (1975), el rey Juan Carlos jugó un papel clave en la transición democrática de España, pero su imagen se ha visto muy lastrada en los últimos años por numerosos escándalos.

Sus problemas empezaron con la investigación por corrupción contra su yerno Iñaki Urdangarin y su hija menor la infanta Cristina, que fue imputada el 7 de enero de 2014 por presunto fraude fiscal y blanqueo en el caso contra su esposo.

La noticia le llegaba en su peor momento. Aún convaleciente de su novena operación en menos de cuatro años, la víspera había dado al país una imagen muy alejada de lo habitual: un rey físicamente debilitado y balbuceante en la lectura de un corto discurso con motivo de un acto militar.

El monarca aparecía aún más cansado que aquel 18 de abril de 2012, cuando había dejado estupefacto al país al pronunciar ante las cámaras de televisión una disculpa histórica: “Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”.

Unos días antes había estallado la polémica por una cacería de elefantes en Botsuana, de donde tuvo que ser repatriado con una fractura de cadera, cuando estaba acompañado por su entonces amante, la alemana Corinna Larsen a la que el rey emérito le habría transferido 65 millones de euros como regalo, según revelaciones de la prensa.