Así de efectivos como pueden resultar los bancos genéticos para identificar a los responsables de delitos, su uso ha sido cuestionado en casi todos los países que los usan, algunos de ellos desde hace más de veinte años. Esos cuestionamientos pasan sobre todo por los criterios con que son manejados, ya que estas bases de datos constituyen poderosas herramientas de incriminación que convierten a todas las personas incluidas en ellas en constantes sospechosos.
“Es innegable que cuanto menos restrictivo es el ingreso de perfiles a un banco genético más efectivo resulta éste desde el punto de vista de la investigación penal, pero más avasallante también sobre el derecho de las personas a la intimidad. Es por eso que ha sido esencial garantizar un uso responsable de esta herramienta y, sobre todo, prever suficientes mecanismos de control”, explican desde la Suprema Corte provincial.
Ocurre que “en un sistema como éste no sólo entra en juego el derecho a la privacidad, sino también el derecho a la libertad y la honorabilidad de las personas”, agregan al comentar que “por eso que su puesta en práctica tuvo que ser en extremo cuidadosa y la intención es que sea gradual. Además de establecer estrictos protocolos de funcionamiento se automatizaron todos los procesos para restarle margen al error humano y se previeron instancias de auditorías de acuerdo con normas internacionales”.
Lo cierto es que pese a los recaudos que parece haber tomado la Suprema Corte para poner en marcha el Banco de Datos Genéticos de la Provincia acaso resulte inevitable surja a nivel local el debate que esta herramienta ha generado ya en otros países, un debate que volverá a enfrentar a quienes priorizan la seguridad y quienes entienden que los derechos individuales están por encima de todo.
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