Cristina volvió a denunciar persecución

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció que el anterior gobierno de Cambiemos armó “verdaderos grupos de tareas desde distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional”, como la AFI, la AFIP, la UIF y la OA, para articular una “feroz e inédita persecución” en su contra y la de su familia.

La denuncia, en la que la ex presidenta alertó sobre un “plan sistemático” motorizado por la administración de Mauricio Macri para perseguirla, está apoyada en una investigación de oficio iniciada el 26 de octubre 2017 (cuatro días después de haber sido electa senadora nacional), que culminó con un reclamo por una deuda impositiva a la ex mandataria.

Contó en sus redes sociales que hizo sendas presentaciones ante la justicia federal de Río Gallegos y ante la AFIP, a cargo de Mercedes Marcó del Pont, por “la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial”.

Según sostuvo Cristina, en ambos escritos quedó demostrada “la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que, en coordinación con sectores del Poder Judicial, operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal” contra su persona.

“Para los que todavía no creen en la existencia del law fare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del Poder Judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos…”, escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter. En ese sentido, aseguró: “A partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno, el 10 diciembre del 2015, se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA, etc…) que articularon una feroz e inédita campaña de persecución contra mi persona y mi familia”.

De acuerdo con lo denunciado por Cristina, la fiscalía federal de Río Gallegos inició la investigación sin que existiera ninguna denuncia previa.