Realizaron un homenaje a las víctimas del incendio de Iron Mountain

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró hoy que se trabaja para que una tragedia como la de Iron Mountain "no vuelva a ocurrir" mientras el secretario Gabriel Fucks afirmó que en la causa judicial "hay que barajar y dar de nuevo", en ocasión de los actos de homenaje a los 10 agentes públicos fallecidos al combatir el incendio en el barrio porteño de Barracas el 5 de febrero de 2014.

"En la causa Iron Mountain hay que barajar y dar de nuevo", dijo el secretario federal de Articulación de Seguridad del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fucks, al término del acto homenaje en el Departamento Central de la Policía Federal que se realizó hoy a 6 años del incendio que causó la muerte de 8 bomberos y 2 integrantes de Defensa Civil.

Fucks aseguró que "no se entiende cómo la Justicia no llamó a declarar" al entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y quien fuera director de la Agencia de Control Gubernamental, Juan José Gómez Centurión, mientras criticó a los funcionarios que culparon "al operativo" por la tragedia.

La ministra Sabina Frederic, participó del acto e hizo entrega de placas a efectivos que sufrieron graves heridas durante el incendio y aseguró que su cartera "está trabajando para que esto no vuelva a ocurrir".

Gerardo Conesa, hermano de Eduardo, una de las víctimas fatales, cuestionó a la Justicia porque no procesó a "Macri, Rodríguez Larreta y Gómez Centurión" y agregó: "por lo que vemos la causa está cajoneada".

Conesa recordó que la "gestión pasada no nos quiso recibir e impidió el año pasado que se realice el acto homenaje en la Policía Federal" y destacó la reunión que tuvieron ayer los familiares con la ministra Frederic quien se comprometió a brindarles todo su apoyo.

Por la mañana, familiares y amigos realizaron un homenaje en el barrio porteño de Barracas donde se encontraba el depósito de Iron Mountain y volvieron a responsabilizar a Macri y "sus cómplices por intervenir en los medios y en la Justicia". 

A las 9.15 sonó una sirena de bomberos, dando inicio al primero de los dos actos de los familiares que expresaron sus expectativas por la audiencia en la Cámara de Casación el próximo 10 de febrero para definir si podrán incorporarse como querellantes en el juicio a los 17 imputados, entre los que hay varios ex funcionarios del gobierno porteño, directivos de Iron Mountain y un vigilador de la planta.

Liliana Baricolo, hermana de Pedro, uno de los rescatistas fallecidos, dijo durante su discurso que hubo un "enorme silencio con el que se cubrió esta tragedia gracias a una justicia intervenida por los intereses de Mauricio Macri y sus cómplices obstinados en que nada salga a la luz".

"Los acuso directamente a ellos, a Macri y su gabinete, y a los que vinieron después porque si algo caracterizó al macrismo fue el descarado blindaje mediático llevado a cabo por los medios amigos del poder", agregó Barícolo.

La mañana del 5 de febrero del 2014 un incendio de grandes proporciones ocurrió en el depósito que la empresa multinacional Iron Mountain poseía en la esquina de Azara y Jovellanos, en el barrio porteño de La Boca, donde acudieron varias dotaciones de bomberos.

Mientras se extinguía el fuego en el interior, una pared de diez metros de alto se derrumbó hacia la calle y aplastó a ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil.

En el lugar murieron Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Matías Monticelli, José Méndez, Sebastián Campos y Pedro Barícola, mientras que doce días después falleció Facundo Ambrosoni.

Las pericias pusieron en duda los mecanismos de la empresa para extinguir las llamas y lo que pretende probar la querella es que se trató de un incendio intencional.

Jorge Campos, padre de Sebastián, una de las víctimas fatales, afirmó hoy en su discurso que se trató de "un incendio intencional que alguien ideó" y remarcó que el fuego "se prendió con ayuda del poder local".

En tanto, la Cámara de Casación Penal de la Nación resolverá, el próximo lunes 10 de febrero, si los familiares de las víctimas pueden o no ser reconocidos como querellantes en el juicio oral y público a los 17 imputados.