Reclaman el "urgente restablecimiento" del funcionamiento de la Justicia

Ante la cuarentena por el coronavirus, los colegios de abogados bonaerenses solicitaron que se utilice el “expediente electrónico”

Los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires reclamaron a la Suprema Corte de Justicia el “urgente restablecimiento del funcionamiento del Poder Judicial”, a través del “expediente electrónico” y de otras “medidas especiales” para hacerle frente a la pandemia del coronavirus, informaron hoy fuentes profesionales.

El pedido de los colegios departamentales de la Provincia al máximo tribunal bonaerense se basó en la premisa de que “los justiciables, así como los abogados y las abogadas, necesitan del acceso a la jurisdicción tanto para que se protejan y restablezcan sus derechos vulnerados, como para poder cumplir con la responsabilidad profesional”.

En medio de las restricciones que impuso el Gobierno nacional con la cuarentena para evitar contagios del Covid-19, la Suprema Corte bonaerense había dispuesto, por medio del Acuerdo 386/20, un asueto general hasta el 31 de marzo y la prestación mínima del servicio de justicia, limitada a la atención de asuntos de “urgente despacho”.

Los colegios de abogados precisaron que se agregó en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, la opción “Solicitar habilitación de feria” en “Otros datos”, a fines de habilitar un preferente tratamiento; correspondiendo a cada profesional, manifestar y fundar las razones por las que la presentación “no admite postergación”.

“Creemos que esta solución es transitoria y no resulta sustentable en el tiempo”, advirtieron las entidades que nuclean a los profesionales del derecho en la Provincia, entre ellas el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (CALZ). La Suprema Corte ya había convocado a un comité de emergencia hasta que se restablezca el sistema el 1 de abril.

Pese a reclamar sobre la necesidad de garantizar “un adecuado funcionamiento del servicio de justicia” en la Provincia, los colegios de abogados aclararon que “eso se hace protegiendo la salud de trabajadores y trabajadoras judiciales, jueces, juezas, funcionarios y funcionarias, abogadas, abogados, otros auxiliares de justicia y de toda la ciudadanía”.

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