Tras 9 horas de violencia, los presos de Devoto forzaron la negociación
Edición Impresa | 25 de Abril de 2020 | 03:06

Bajo la proclama “nos negamos a morir en la cárcel”, presos del penal federal del barrio porteño de Villa Devoto protagonizaron ayer una violenta jornada de protesta que duró 9 horas bajo tensión extrema, con disparos y gravísimos incidentes en reclamo de excarcelaciones por la pandemia de coronavirus.
Hubo heridos entre los detenidos y guardiacárceles, confirmaron fuentes judiciales, policiales y del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La protesta comenzó alrededor de las 8 de la mañana y se extendió hasta cerca de las 18, cuando se llegó a un principio de acuerdo por el que se estableció que desde hoy funcionará una mesa de diálogo para analizar la posibilidad de agilizar las prisiones domiciliarias para presos que integren la población de riesgo ante el coronavirus y la conmutación de penas, entre otros planteos.
Tras la firma del acuerdo, los presos comenzaron a bajar de los techos del penal. Fuentes del SAME y del SPF aseguraron que unos 15 agentes penitenciarios fueron trasladados a distintos centros asistenciales con quemaduras y lesiones leves.
Además, los investigadores afirmaron que al menos dos presos que participaban de la protesta resultaron heridos al caer de los techos del penal, uno de los cuales sufrió una fractura en una pierna pero se encuentra fuera de peligro.
El reclamo arrancó a la mañana con quema de colchones y batucadas en ese penal que depende del SPF y está ubicado en la calle Bermúdez al 2600, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según fuentes policiales, los presos comenzaron por copar dos plantas de la unidad que tiene capacidad para 1.683 internos y que está dividida en seis módulos residenciales.
Los voceros del SPF dijeron que durante la tarde la protesta involucraba al 80 por ciento de los pabellones y que los presos pedían a las autoridades judiciales la liberación de quienes están en el grupo de riesgo de contraer coronavirus.
El reclamo estaba latente desde hacía varios días y se acrecentó luego de que se confirmara que un agente penitenciario que presta servicios en ese penal dio positivo de coronavirus y ayer permanecía internado en una clínica de Monte Grande.
Durante toda la jornada se observaron imágenes con presos colgados desde los techos del penal, chapas arrancadas y focos de incendio, mientras se escuchaban gritos y detonaciones de las armas de los penitenciarios que controlaron desde el perímetro de la cárcel.
Cerca de las 16 se realizaron las primeras reuniones de la mesa de diálogo, de la cual participaban representantes de los detenidos de los distintos pabellones, autoridades del Ministerio de Justicia, representantes de la Defensoría General de la Nación, autoridades de la Procuración Penitenciaria Nacional, miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y representantes de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos. “Lo principal es que los detenidos se bajen de los techos y se recupere la calma para luego atender los reclamos de fondo. La situación es delicada”, adelantaba una fuente que participa de las conversaciones.
Los presos exigen que se les otorguen prisiones domiciliarias a aquellos que están en condiciones de recibirlas según los criterios establecidos en las acordadas alcanzadas por la Cámara de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal y por la Cámara Federal de Casación Penal.
En algunos de los muchos videos que los propios internos filmaron con sus celulares (ilegales, ya que en el SPF no autorizaron a que los tengan, como sí pasó en las cárceles bonaerenses) no fueron pocos los que apelaron a la “igualdad ante la Ley” mencionando casos famosos, como el del ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone pero en su casa desde hace 20 días.
En las últimas horas la Cámara de Casación recomendó a los jueces de ese fuero que extremen los recaudos para contribuir con la disminución de la población carcelaria y sugirió atender “prioritariamente” y “en la medida que el caso así lo permita”, la situación de los internos “que conformen los grupos de riesgos”.
Los presos que encabezaban el reclamo se quejan de que las recomendaciones de los tribunales superiores no surtieron el efecto esperado y es muy bajo el porcentaje de detenidos que lograron salir de los penales en el contexto de la pandemia.
Finalmente, el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; el cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Guillermo Todarello; y autoridades del SPF firmaron un acta con los representantes de los presos en la cual acordaron a volver a reunirse desde las 10 para tratar diferentes temas, en particular la implementación de las acordadas por Casación para que se les otorgue la prisión domiciliarias a los presos de riesgo por posibles contagios. Además, se analizará “la compensaciones de la pena o conmutación; extranjeros con domicilio en la República Argentina; Informes Médicos realizados por Médico Forense; y tratamiento de los diferentes tipos de métodos alternativos de cumplimiento de la pena”. El juez federal Julián Ercolini, junto al fiscal Eduardo Taiano, son quienes están a cargo de la causa por la revuelta y siguen de cerca las negociaciones.
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