Unos 800 presos bonaerenses ya fueron excarcelados en medio de la pandemia

Primero fue un fallo judicial. Le siguieron motines y una polémica tan imprevista como la pandemia de coronavirus que ahora ataca a las superpobladas cárceles argentinas. Con una doble amenaza -la de ser potentes focos de contagios, la de las revueltas- que se agrava en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, donde se alojan unos 45.000 presos, de los cuales 753 ya fueron beneficiados con resoluciones como arrestos domiciliarios y excarcelaciones.

Entre ellos se cuentan 102 de una lista de 700 reclusos que -según voceros judiciales- el gobierno bonaerense entregó al Tribunal de Casación el 7 de abril pasado, un día antes de que el juez Víctor Violini emitiera un fallo aceptando un hábeas corpus colectivo que reclamaba la prisión domiciliaria para detenidos por delitos leves y mayores de 65 años en riesgo sanitario.

La decisión reavivó los reclamos por más excarcelaciones, al mismo tiempo que abrió debates dentro de la propia Justicia y despertó incomodidad en el Gobierno. A punto tal que ayer, a través de una serie de tuits, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, negó “categóricamente” que en la Provincia exista un plan para liberar detenidos. “La Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias”, sentenció.

“Los pedidos de prisiones domiciliarias son solicitados mayoritariamente por los defensores públicos que dependen de la Procuración General del Poder Judicial. Asimismo, de este órgano dependen los fiscales que están habilitados para consentir o apelar las resoluciones judiciales”, agregó el funcionario bonaerense, cuyas definiciones llegaron luego de un enfático pedido de la oposición para que se presentara en la Legislatura (ver aparte). En su primera referencia al tema, Alak cerró aclarando que el Ejecutivo provincial “no está facultado para peticionar o decidir sobre libertades o morigeraciones de pena de los privados de libertad”.

El ministro de Seguridad, Sergio Berni, fue otro de los integrantes del gabinete de Axel Kicillof que se refirió a la polémica, al rechazar las domiciliarias: “Si fuera por mí, no sale ninguno”, aseveró, mientras descartó que se pueda controlar a los reclusos con pulseras electrónicas: “No hay una cantidad suficiente para todos los que quieren liberar”, alertó.

Quien también se manifestó contrario a la liberación de presos por delitos comunes fue el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand: “La resolución no me parece justa, en absoluto”, sentenció ayer el Titular del Ministerio Público, quien tras el fallo de Violini había advertido que el beneficio de morigeración de las penas podría alcanzar a detenidos por delitos graves como violación o femicidios.

Para Conte Grand, el fallo -que partió de un reclamo los defensores oficiales de los 19 departamentos judiciales de la Provincia y fue acompañado por la Comisión Provincial por la Memoria- solo debería alcanzar a los privados de la libertad que integren grupos de riesgo. “El principio general” en la provincia de Buenos Aires “no es liberar” a los presos -insistió el jefe de los fiscales- sino ocuparse “solamente de los grupos de riesgo” dentro de las cárceles en el contexto de pandemia de coronavirus.

En ese sentido, apuntó el procurador, el Servicio Penitenciario Bonaerense definió que el universo de riesgo está integrado por 2.300 personas, por edad o patologías previas. En tanto que ya se habrían presentado unos 1.600 pedidos de excarcelación por parte de los defensores.

En ese punto, Conte Grand recordó que el 16 de marzo último dictó una resolución en la que instruyó a los defensores a que “analizaran todos los casos de riesgo”, a los fiscales a que “participaran controlando el proceso” y a los asesores a que “tomen medidas inmediatas para que los niños que estaban con las madres en el Servicio Penitenciario fuesen excarcelados. Ese es el sistema en el que nosotros creemos: encarar solamente el universo de riesgo porque una pandemia interna no sólo va a tener efectos dentro del sistema carcelario, sino también afuera”, destacó.

En rigor, el texto firmado por Violini hace especial hincapié en aquellos que se encuentran “en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, como así también en las mujeres embarazadas o madres alojadas con sus hijos [...] y que se encuentran condenadas o imputadas en orden a delitos leves”, al mismo tiempo que tiene en cuenta el hacinamiento carcelario que “impide que las personas alojadas mantengan entre sí las distancias aconsejadas para evitar el contagio”.

Pero, tras las derivaciones del fallo, la polémica quedó abierta y parece interpelar a los tres poderes. Tal como quedó de manifiesto en un comunicado firmado por el Colegio de Magistrados de la Provincia, donde -en un claro mensaje hacia el Legislativo y el Ejecutivo- aseguraron que ellos “no hacen las leyes” ni “controlan las cárceles”.

“Desde el primer momento los representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que está participando activamente en la mesa interinstitucional y buscando soluciones a esta gran crisis, dejamos claramente establecido que las eventuales medidas legislativas de desprisionalización deben resultar muy prudentes y no pueden incluir a homicidas, violadores ni a cualquier condenado o procesado por delitos graves”, advirtieron los jueces en otro párrafo del texto, pero alertaron que también se debe tener en cuenta que “las cárceles son potenciales focos de contagio a una tasa muy alta, por el hacinamiento”.