Unos 800 presos bonaerenses excarcelados o con arresto domiciliario por la pandemia

Alrededor de 800 presos bonaerenses que están en grupos de riesgo frente a la pandemia del coronavirus fueron beneficiados con la excarcelación o el arresto domiciliario desde que fue decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, según los pedidos que realizaron los defensores oficiales ante la justicia penal de la provincia.

El procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, confirmó que “se estimó oportuno adoptar medidas tendientes a colaborar en el objetivo primordial de reducción del riesgo de propagación del coronavirus en la población privada de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario”.

Precisamente, el actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, sostuvo ayer que en medio de la pandemia “urge el despoblamiento de las cárceles”, pero aclaró que eso “no significa vaciarlas, sino dejarlas con un 70 por ciento u 80 por ciento de su capacidad locativa normal”, para que no haya una “amenaza a la vida” de sus ocupantes.

En lo que va de la cuarentena que fue decretada el 20 de marzo pasado, se realizaron casi 2.000 pedidos de prisiones domiciliarias y excarcelaciones, de los cuales el 40 por ciento fue otorgado y el resto se encuentra aún en análisis en los 19 departamentos judiciales que tiene la provincia de Buenos Aires.

Del total de presos que fueron beneficiados con la prisión domiciliaria, más de 500 corresponden personas que estaban alojadas en las superpobladas cárceles de la provincia y el resto detenidos en comisarías de la policía provincial.

Solo algunos de los más de 500 presos que ahora gozan de ese beneficio salieron con algún tipo de restricción, como una tobillera electrónica, mientras que el resto solo se constató su domicilio.

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De acuerdo con los datos que aportaron las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a la justicia, en las cárceles de la provincia hay 644 presos con más de 65 años y casi 2.500 con patologías de alto riesgo, algunos de ellos con tuberculosis, SIDA o diabetes, aunque también hay con enfermedades respiratorias, algún tipo de tumor o afecciones que requieren diálisis.

En la resolución 158/20, el procurador pidió que se consideraran especialmente “la particularidades fácticas y normativas de cada caso”.

“Hay muchas personas que cumplen pena privativa de la libertad que han cometido delitos que no ameritan ni justifican adoptar estas medidas por la gravedad de los delitos concretados. De modo que lo que hacen nuestros fiscales y defensores es evaluar cada caso”, indicó Conte Grand.