Alberto F. y Kicillof rechazaron a dúo que haya un plan para liberar presos

En una acción coordinada, el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof buscaron ponerle un freno a las acusaciones que les atribuyeron responsabilidad política sobre la liberación de presos en medio de la pandemia de coronavirus. Lo hicieron por medio de publicaciones en la red social Twitter, luego de haber conversado telefónicamente, según pudo saber EL DIA.

“Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”, arrancó Alberto F. un hilo que completó con otros seis mensajes.

Inmediatamente después fue el turno de Kicillof: “Es absolutamente falso que exista un plan del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para liberar masivamente presos´”, enfatizó.

Tal como publicó este diario, sendos fallos de las cámaras de Casación federal y bonaerense recomendaron a los jueces de ejecución que dicten la prisión domiciliaria para aquellos internos que estuvieran por cumplir la condena o no hayan cometido delitos graves, con el objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles y evitar la propagación del coronavirus.

“El Ejecutivo no encarcela, ni libera, ni decide libertades condicionales”, dijo Kicillof

En el caso de la Provincia, la resolución fue previa al estallido de la pandemia. De ahí que sectores de la oposición bonaerense plantearan la supuesta existencia de un “plan de liberaciones masivas” que ayer desmintió Kicillof. “Es totalmente inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales”, afirmó el Gobernador.

A su vez, el presidente Fernández argumentó que “la Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones”, con lo cual “el riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana, por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad”.

“Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos. En el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo. Algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia”, explicó el Presidente.

“En Argentina, la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades. Las cámaras de Casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema”, remarcó.

Dijo que hacía “estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales”.

Kicillof, por su parte, aseguró que respeta la “división de poderes” y agregó: “Desde que asumí no nombré jueces, ni promoví cambios en la Suprema Corte, ni nombré al Procurador. Tanto él como los defensores oficiales y los fiscales continúan desde la gestión anterior”.

El Gobernador completó su mensaje con apelaciones a la “responsabilidad” y en el caso de Alberto F. lamentó “la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida”.

Pese a que ambos coordinaron la línea a comunicar para aplacar la controversia, lo cierto es que dentro del propio oficialismo las liberaciones de presos provocan cierta incomodidad. A nivel nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, advirtió que los jueces que no cumplan con la Ley de Víctimas y no avisen a las familias de los damnificados antes de disponer la prisión domiciliaria, serán “pasibles de ser sometidos a juicio político”.

En la Provincia fue el ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien sostuvo que si por él fuera, no saldría “ni un preso” de las cárceles bonaerenses. Aunque su par de Justicia, Julio Alak, afirmó que “el Poder Ejecutivo provincial no está facultado para peticionar o decidir sobre libertades o morigeraciones de pena de los privados de libertad”.

Las diferencias de criterio dentro del oficialismo quedó expuesta de tal forma que tanto el Presidente como el Gobernador tuvieron que salir a fijar una posición conjunta y unívoca. La movida de piezas, en este caso, tenía también la intención de dejar la pelota en la cancha rival. La de la oposición, obvio.