Legisladores de Juntos por el Cambio pidieron el juicio político para Violini

Tal como lo había anticipado EL DIA, legisladores bonaerenses de Juntos por el Cambio presentaron ayer un pedido de juicio político contra el juez de Casación, Víctor Violini, al que acusaron de haber cometido “graves faltas, irregularidades e ilegalidades que demuestran que debe ser destituido, habida cuenta de que ha incurrido en mal desempeño en el cargo”.

La presentación fue realizada ante la Secretaría Permanente de Magistrados y Funcionarios de la Provincia por representantes de todos los partidos que integran Juntos por el Cambio: los senadores Juan Pablo Allan (PRO), Andrés de Leo (Coalición Cívica), Claudia Rucci (Pro Peronismo) y la diputada Sandra Paris (UCR). En ella, argumentaron que, al hacer lugar al hábeas corpus colectivo que -con base en la pandemia- habilitó los arrestos domiciliarios de cientos de presos, Violini actuó con “incompetencia y negligencia”, “incumplió” con sus deberes como funcionario, “cometió graves irregularidades” y realizó “actos de parcialidad manifiesta, que lo inhabilitan para continuar detentando el cargo de juez penal”.

Para los denunciantes, el magistrado platense dictó sentencia “de manera unipersonal”, “vulnerando” las garantías de los jueces naturales, actuando con “palmaria arbitrariedad” y “gravedad institucional”. Lo que ameritaría su suspensión “urgente” y su oportuna destitución.

“Consideramos que [Violini] reúne todas las causales para ser destituido de su cargo: mal desempeño de sus funciones, la comisión de delito de prevaricato y una clara intención de aprovechar una situación de excepción, producto de la pandemia, para ordenar personalmente la liberación de personas que cometieron violaciones, asesinatos o integrantes de bandas delictivas”, enumeró a este diario el senador Allan.

La denuncia cita, por caso, el beneficio otorgado a Pedro Olmos, acusado de violar a una nena de 13 años y que cumple prisión domiciliaria a escasos metros de la víctima, en Burzaco.

De acuerdo a la acusación opositora, Violini vulneró “los derechos de las víctimas, desoyendo las disposiciones de la Ley 27.372 [Derechos y Garantías de las Víctimas]”, sin respetar “el rol activo y protagónico de las mismas”.

Para los legisladores, el camarista no solo atentó contra la independencia del Poder Judicial, sino también del Ejecutivo, al conceder “de manera automática el arresto domiciliario de personas que con posterioridad al dictado de su resolución sean incorporadas a los listados elaborados por los Ministerios de Justicia y Seguridad”.

En ese sentido, consideraron que “el magistrado cruza los límites de la independencia judicial, para convertirse en un ejecutor de decisiones del gobierno provincial”.

Con todo, “el accionar ilegal descripto no sólo afecta la correcta administración de justicia, sino que además, su incorrecto e ilegal desempeño derivó en la libertad de imputados, consagrándose así la impunidad de graves conductas”.

Esta presentación llegó un día después de que la Suprema Corte bonaerense revocara el fallo de Violini y ordenara a cada magistrado revisar caso por caso. Sobre el juez ya pesa otro pedido de jury, iniciado por la ONG Usina de Justicia.