Sin ayuda oficial ya temen el cierre de colegios y jardines de infantes privados

Los establecimientos educativos privados están atravesando por el peor momento económico de su historia. La mayoría espera ansiosamente que se les otorgue el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP). De lo contrario, aseguran, pueden cerrar sus puertas, con serias consecuencias para docentes y auxiliares (quedarían sin trabajo) y alumnos (sin continuidad pedagógica). Dos son las principales causas de la extrema preocupación: morosidad en el pago de las cuotas y perdida de la matricula.

La crítica actualidad golpea a los colegios privados laicos y confesionales. Pero entre los primeros está la crisis más aguda, que no reciben ayuda estatal.

María Eugenia Muñoz está al frente del Jardín Maternal Travesuras. El servicio educativo tiene 27 años, y no recibe ayuda estatal, como ocurre con todo el sector de la educación no obligatoria.

“Los padres abonan la cuota parcialmente. Nosotros fuimos haciendo quitas para facilitar los cobros, pero entendemos la difícil situación de las familias. Algunos tienen los comercios cerrados y otros reciben el pago parcial de sus salarios”, dijo la titular del servicio educativo.

Muñoz contó que “el sueldo de abril lo pagamos parcialmente, a la espera de los benditos ATP que nos habían concedido y luego dieron marcha atrás desde el gobierno nacional. Sin esa ayuda será imposible subsistir. Habitualmente arrancamos cada año con 35 chicos y de marzo a mayo se suman hasta llegar a unos 60 alumnos. Este año la inscripción quedó cerrada en marzo por la cuarentena y ya se dieron de baja 10 chicos. La morosidad en el pago de las cuotas es del 20 por ciento, algo atípico para el jardín, que sigue brindando continuidad pedagógica a través de Zoom, videos grabados para los nenes y cuentos enviados por mail, entre otras variantes”.

María Isabel Fogeler, propietaria del Jardín maternal Pie Pequeño, se pregunta: ¿por qué desde el Gobierno nacional dieron marcha atrás con los ATP? Saben que los maternales no tenemos subsidio estatal. No entiendo qué es lo que quieren revisar. Lo único que hacen es demorar la decisión y profundizar la angustia. Sin esa ayuda no nos podemos sostener. Este año arrancamos con 16 alumnos y ya se fueron 4”.

LE PUEDE INTERESAR

Brote de COVID-19 en un hospital tiene en vilo a Chascomús: al menos seis contagios

LE PUEDE INTERESAR

Los locales de shoppings, en estado “muy delicado”

“La cuestión sanitaria es entendible, pero también genera ponderar un auxilio para los que no podemos subsistir. Para nosotros es muy dificultoso pagar los salarios como para los padres afrontar las cuotas. Sostener los costos operativos sin ingresos es dramático”, agregó.

El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) incluye la postergación del pago o reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales y una asignación compensatoria del salario.

Jardines y colegios de la mayoría del territorio bonaerense coinciden en que la situación económica y financiera es asfixiante. De hecho, en la Provincia ya cerraron cuatro servicios educativos y decenas están en la cuerda floja.

César Tisera es propietario del colegio de enseñanza especial Tiempo de crecer, en Almirante Brown. Cuenta que la desesperante situación lo llevó a poner en venta la casa, desprenderse del auto e hipotecar el edificio en el que funciona la escuela. “Las deudas nos comen. Nosotros tenemos 60 alumnos de los cuales 40 son de sindicatos que a través de su obra social nos pagan con varios meses de demora; 10 del programa Incluir Salud (de la cartera sanitaria nacional) que nos paga con hasta un año de atraso; y 10 que dependen de IOMA que nos paga el 50 por ciento del arancel. Esta situación de los colegios privados de enseñanza especial se replica en cada rincón del país”.

La falta de una fecha cierta de regreso a las clases es otro ingrediente que empuja a potenciar la sensación de jaque mate en múltiples colegios, según plantearon en los distintos colegios.

En el sector también se refirieron al Instituto de Previsión Social (IPS). Uno de los propietarios de un jardín dijo que “el IPS cobra intereses altísimos por morosidad en el pago de aportes. No tuvieron la más mínima flexibilidad cuando se le pidió una prórroga para cumplir con esa obligación”. Desde Aiepba, Adeepra y EGE, entidades que agrupan al sector, hicieron presentaciones ante el organismo y, según aseguran, aún no tuvieron respuestas.