Sin la “cláusula Parrilli”, el Senado avanzó con la reforma de la Justicia

Con sorpresas y momentos tensos, el oficialismo y oposición se cruzaron al debatir en el pleno del Senado la polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández y en la que algunos sectores ven un intento de lograr impunidad en casos de presunta corrupción.

En los primeros minutos de hoy, el Frente de Todos impuso su mayoría y logró la media sanción por 40 votos contra 26 negativos. Sin embargo, no hay certeza de que contará con el apoyo necesario para convertirla en ley cuando la Cámara de Diputados la someta a análisis, sin fecha.

Anoche sorprendió el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, aceptó modificar el artículo que obligaba a los jueces a denunciar presuntas presiones mediáticas y manifestó que se trató de “un anzuelo” para descubrir a los dirigentes de la oposición que son “voceros” de algunos medios de comunicación.

También se incluyeron otros cambios como crear más juzgados, entre ellos uno en La Matanza, y cargos de jueces y fiscales federales.

La oposición se enteró a lo último de estas modificaciones y los impugnó porque no estaban incluidas en el dictamen original.

La norma se aprobó en general y no se discutió en particular y causó más malestar en la oposición.

En una sesión virtual comandada en su apertura por la titular de la Cámara alta y vicepresidenta del país, la expresidenta Cristina Fernández , la oposición denunció que el Ejecutivo busca con esta reforma manejar al Poder Judicial, mientras que desde el oficialismo acusaron al anterior Gobierno de Mauricio Macri, de haber utilizado la Justicia para perseguir a opositores políticos.

La iniciativa fue remitida al Parlamento a finales de julio pasado por el presidente Alberto Fernández, quien entonces alegó que es necesario organizar mejor la Justicia federal y “superar la crisis” de “credibilidad y buen funcionamiento de la Justicia federal con competencia penal”.

“Esto es un engranaje más en todo un plan estratégico para avanzar en manejar la Justicia federal penal y avanzar hacia un sesgo de impunidad para quienes formaron parte de un determinado gobierno”, afirmó la senadora Laura Rodríguez Machado, de Juntos por el Cambio. El proyecto de ley ya fue blanco de una protesta el pasado 17 de agosto y ayer un centenar de personas se congregó en un abrazo simbólico al palacio del Congreso para expresar su rechazo a la reforma.

Opositores criticaron además que la iniciativa da prioridad a una creación desmedida de juzgados, lo que conllevaría un aumento injustificado del gasto público sin lograr el objetivo de mejorar el funcionamiento de la Justicia. También apuntaron que no goza del consenso necesario y que se debate en momentos en que existen problemas más acuciantes como la crisis económica.

A finales de la sesión, una senadora oficialista denunció un escrache por Twitter con la publicación de los teléfonos de los legisladores que apoyaron la ley.