Con una acordada, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial rechazó la reforma judicial

Mientras continúa el tratamiento del proyecto de reforma judicial en el Congreso, desde el ámbito judicial surgió un nuevo rechazo a la propuesta realizada por el Poder Ejecutivo. 

Se trata de una acordada de todos los jueces que integran la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en la que se da cuenta de su desacuerdo con la pretendida unificación de ese fuero con el Contencioso Administrativo Federal.

Este documento, que lleva las firmas de los jueces Guillermo Antelo, Eduardo Gottardi, Fernando Uriarte y Alfredo Gusman, sale a la luz a pocas horas del escrito publicado por la Cámara del crimen que advierte que la reforma judicial impulsada por el gobierno es inconstitucional. 

Con la firma de cuatro de sus magistrados, la Cámara Civil y Comercial señala que sus objeciones al plan oficial se dan a conocer a través de una acordada porque "ninguno de los miembros de esta cámara fue consultado, de modo alguno, sobre la reforma propuesta".

En este sentido, los camaristas criticaron la idea de reunificación ya que hace cuarenta años justamente se procedió a la división de estos fueros, "para lograr una más rápida y eficiente" respuesta a las demandas de justicia en materia de derecho aeronáutico y marítimo, marcas, patentes, comercio internacional. 

Al respecto señalaron que con los años aquella división "cobró mayor vigor con el paso del tiempo, no sólo por el desarrollo tecnológico sostenido y complejo de algunas de ellas, sino por la suscripción de la República Argentina de tratados de derecho internacional que regulan muchas de esas materias y dan lugar a una doctrina y jurisprudencia propias".

Además, los jueces apuntan que "se sumaron nuevas cuestiones que demandan mucho trabajo y recursos, como los amparos contra obras sociales y prepagas y litigios por defensa de la competencia".

Detallan además que "todos los jueces en lo civil y comercial federal que están en funciones en la actualidad concursaron ante el Consejo del a Magistratura de la Nación. Tanto los antecedentes como la prueba de oposición fueron analizados por dicho órgano, tuvieron relación con la competencia del fuero, sustancialmente distinta del Contencioso Administrativo Federal. El Poder Ejecutivo los nombró y el Senado de la Nación prestó acuerdo dentro de esos límites".

Para los magistrados, la unificación de los dos fueros "implica soslayar la especialidad" de cada uno, y "pone en manos de jueces que son producto de tal unificación la decisión de expedientes sobre materias ajenas a su conocimiento específico y su experiencia, y para los cuales no fueron nombrados".

En este marco, los camaristas opinan que "ello habilitará al litigante afectado por la sentencia dictada a cuestionar el título del magistrado basándose en la garantía del juez natural y en los límites del nombramiento". Sobre este aspecto apuntan que esta situación "no contribuye a la seguridad jurídica". 

Con este escenario cada uno de los jueces del nuevo fuero podría ser objetado en causas específicas, que podrían derivar en recusaciones o, si prospera algún planteo al respecto, en la declaración de inconstitucionalidad de los cambios propuestos.

En la acordada se expone que en el interior del país ambos fueron recaen del mismo juez federal, pues "no puede válidamente compararse la cantidad de pleitos de marcas, patentes, transporte marítimo, aéreo y terrestre, y menos aún el ingente volumen de juicios por amparo que involucran el derecho a la salud que tramitan en la Ciudad de Buenos Aires con las del resto del país."

Sobre el planteo de la supuesta cantidad "numerosa" de conflictos de competencia entre ambos fueros, uno de los argumentos que presenta el oficialismo para lograr la unificación, en la acordada se informa que "representan 22 casos al año de más de 90 mil, una incidencia promedio del 0,023%, cifra que no puede calificarse sino como insignificante". Tampoco serían muchos los recursos contra la Comisión Nacional de Valores que se tramitan en el fuero civil y comercial: no superan la decena por año.

"En síntesis, la fusión propuesta en el proyecto acarreará, además de los cuestionamientos basados en la garantía del juez natural, dificultades concretas en el funcionamiento de los juzgados y salas, cuyo personal deberá atender, repentinamente, materias que les son ajenas con recursos ya de por sí escasos, todo lo cual irá en seguro detrimento de los litigantes. También producirá la duplicación de distintas oficinas administrativas que tienen el mismo objetivo sin propósito que la justifique; y acentuará los problemas de espacio para la ubicación del personal y de los expedientes, que ya existen y motivaron varias presentaciones en el Consejo de la Magistratura" indican.

Por último, los camaristas tambien consideran que, de aprobarse la reforma, el plazo de 30 días para concretarla es "exiguo". Por diferentes motivos que enumeran, "el plazo de instrumentación no debería ser menor a un año".