Con beneficios impositivos, Uruguay sigue apostando a fondos de argentinos

MONTEVIDEO

La Cámara de Diputados de la República Oriental del Uruguay aprobó un proyecto de ley que aumenta beneficios para los extranjeros que prefieran optar por tributar en este país sobre sus ingresos generados en el exterior. Amplía lo que se conoce como “vacaciones fiscales” de cinco a diez años.

Como los diputados hicieron algunos cambios al texto, el proyecto vuelve al Senado para aval final, lo que será un trámite sin debate, aseguran, y enseguida quedará en manos del gobierno de Luis Lacalle Pou para la promulgación como ley. “El Uruguay ofrece un país de puertas abiertas con una política migratoria que otorga un marco de seguridad pública, jurídica y económica para todas las personas extranjeras que deseen radicarse y es intención del Poder Ejecutivo impulsar una política de estímulo a la inversión como instrumento idóneo para la generación de empleo y mejora del bienestar general”, justificó Lacalle Pou en la fundamentación de este proyecto.

A pesar de la pandemia del coronavirus, las autoridades de Migraciones del país vecino registraron 80.039 ingresos de ciudadanos argentinos, aunque esta cifra incluye a los que entraron más de una vez.

El ingreso por barco es de una vez por semana, pero la mayor cantidad de argentinos ingresó por el puente binacional que está entre Gualeguaychú y la ciudad oriental de Fray Bentos. El consulado uruguayo en Buenos Aires, informó el portal de La Nación, tenía cerca de 1.000 pedidos de residencia y está actualizando las cifras.

Los registros de la Dirección General de Impositiva, un organismo que funciona como la AFIP en Argentina, indican que en lo que va del año, hasta mitad de agosto, se tramitaron 1.341 residencias fiscales.

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La normativa actual establece que una persona que adquiera la calidad de residente fiscal uruguayo pueda optar por tributar, para los “rendimientos del capital mobiliario, originados en depósitos, préstamos, y en general en toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza”, en tanto provengan de del exterior, el Impuesto a la Renta a los No Residentes (IRNR) por el ejercicio fiscal en el que configuren la residencia en Uruguay y durante los cinco ejercicios fiscales siguientes. La nueva ley amplía la opción a partir del ejercicio fiscal 2020.

En primer lugar, el proyecto sube de 5 a 10 años el plazo de lo que se conoce como “vacaciones fiscales”. En segundo lugar, habilita la posibilidad de que quienes configuren la residencia fiscal, tributen el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la tasa del 7 por ciento.

En junio Lacalle Pou firmó el decreto en donde flexibiliza aspectos para obtener la residencia fiscal. El primero es que el monto del valor de inversión en propiedades bajó de U$S 1,7 millones a U$S 380.000 y el tiempo de residencia requerido bajó de 180 días a 60 en un año. Pero el punto más importante es que en el caso de tener una empresa que se quiera radicar, en la previa a esta modificación el interesado tenía que hacer una inversión de U$S 5,3 millones y ahora la nueva cifra es de U$S 1,6 millones, pero se le agrega la condición de que tiene que garantizar 15 empleos directos.