La Corte Suprema debe resolver sobre el traslado de los camaristas porteños

La Corte Suprema de Justicia ya tiene en estudio si admite o no el per sáltum presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, quienes buscan evitar ser traslados de sus actuales cargos en Comodoro Py por iniciativa del oficialismo. Y para los próximos días se espera una definición del máximo tribunal sobre el amparo, un fallo que si sale a favor de los camaristas puede traer un conflicto de poderes con el Legislativo, que avanzó en la Cámara alta con esos trasladados.

En declaraciones recientes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, aseguró que el máximo tribunal “es la autoridad final” y que va a dar “una respuesta adecuada a derecho” frente al reclamo de los jueces, que tienen como coincidencia que los tres investigaron a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner en expedientes relacionados a casos de corrupción.

Rosenkrantz admitió que ya “hemos estado intercambiando opiniones, como parte de la necesaria deliberación que precede a la resolución de casos de esta envergadura. Ello en modo alguno debería generar suspicacias ni motivar ninguna conjetura acerca del modo en que la Corte habrá de decidir. La Corte va a decidir”.

El conflicto que deben resolver los jueces de la Corte se generó porque en 2017 y 2018 los jueces Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados por el gobierno de Mauricio Macri de un tribunal oral federal a la Cámara Federal. También fue trasladado el juez Castelli de un tribunal oral de San Martín a un tribunal oral federal, en capital federal.

Por ahora, los tres jueces cosecharon derrotas en la Justicia para evitar sus traslados y por eso plantearon un recurso de per sáltum para que la Corte Suprema de Justicia se aboque de inmediato a sus casos, saltando la instancia de la Cámara de Apelaciones.

Bruglia y Pablo Bertuzzi pidieron que se declare la “inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 183/2020 del Plenario del Consejo de la Magistratura” del 30 de julio último, que decidió la revisión de los nombramientos de ambos en la sala I de la Cámara Federal porteña, según el texto del recurso.

“Mediante dicho acto, la demandada decidió por mayoría de 7 votos contra 6 votos, y en flagrante violación a las garantías constitucionales de legalidad, división de poderes e inamovilidad en el cargo del cual gozan los jueces” encomendar al Poder Ejecutivo y al Senado la revisión de los nombramientos.

Además, pidieron el dictado de una medida precautelar y, posteriormente, de una medida cautelar de no innovar para que se disponga la “inmediata suspensión” de esa resolución, y se ordene al Poder Ejecutivo y al Senado abstenerse de iniciar el trámite de revisión, cuestión que no se cumplió en la Cámara alta.

La “remisión al Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación es el resultado de una decisión ilegítima de la demandada, importa la revisión de actos administrativos consentidos y firmes y vulnera las garantías constitucionales que nos asisten como magistrados federales”, argumentaron. “La Constitución Nacional nos confiere las garantías de inamovilidad, estabilidad en nuestros cargos y la intangibilidad de nuestras remuneraciones”, sostuvieron.

Entre los argumentos, los jueces aludieron además a la Acordada 7 de 2018 firmada por la Corte Suprema de Justicia, en la que se dispuso que los traslados de magistrados que pertenezcan a un fuero de similar jerarquía no debían ser aprobados en la Cámara alta.