Ocho de cada diez delitos informáticos no son denunciados en la Justicia

En su “informe de riesgo de PC global” de 2020, publicado en julio, la firma checa Avast destacó que en Argentina “la probabilidad de que un usuario doméstico se encuentre con cualquier tipo de amenaza cibernética aumentó un 55.3% en un año”.

La empresa, que se dedica a desarrollar productos de seguridad y privacidad digital, reveló entre otras cosas que quienes están conectados a Internet pueden tener 25,6% de posibilidades de encontrar cualquier tipo de malware para PC, frente al 20,1% del año anterior.

Luis Corrons, uno de los encargados de la seguridad de AVAST, explicó que “nuestros informes 2020 muestran que la relación de riesgo aumentó en todo el mundo y para todas las amenazas. La cantidad de dispositivos conectados crece drásticamente y este informe ilustra cómo las computadoras siguen siendo vulnerables, ya que forman una parte importante de la cadena de ataque “.

El trabajo de la multinacional indica que en nuestro país “la probabilidad de que un usuario doméstico se encuentre con cualquier tipo de amenaza aumentó un 55.3% en un año, del 17.7% al 27.5% de posibilidades de encontrar una amenaza. Los argentinos tienen una probabilidad del 5.22% de enfrentar una amenaza avanzada, una disminución del 0.01% con respecto al año anterior, donde la relación de riesgo fue del 5.23%”.

Los delitos informáticos son muchos y diversos y la legislación Argentina todavía no se puso de acuerdo en qué es qué. La estadística también es escasa: este diario se comunicó con el Ministerio de Seguridad bonaerense para obtener información al respecto, pero la consulta quedó sin respuesta.

“NO HAY CONSENSO”

Marcelo Temperini, abogado especialista en Cibercrimen, socio fundador de AsegurarTe y uno de los responsables del Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica (ODILA), le dijo a este diario que “en 2011 o 2012, no recuerdo con exactitud el año, tuve la posibilidad de presentar distintos proyectos de ley, uno para tipificar la suplantación de identidad digital en Argentina, y otro para tipificar el phishing”. Sin embargo, continuó, “ambos fueron expuestos en el Senado de la Nación (en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales) y no se avanzó con ninguno”.

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Los delitos informáticos se consideran ‘horizontales’, porque a diferencia de la inseguridad física, tradicional, en la que los padres pueden advertir a sus hijos de que no crucen por tal calle o no vayan a ese barrio, por ejemplo; en Internet eso no ocurre. Para bien o para mal, la red es ‘horizontal’ en el sentido en que cualquier menor que esté conectado puede ser víctima de un delito independientemente del barrio donde viva, de las zapatillas que tenga, del horario en que se conecte.

El concepto ‘genérico’ de delito informático, “como toda acción típica, antijurídica y culpable, en donde lo informático intervenga como medio o como objeto, abre una bolsa muy grande de delitos”, sostuvo Temperini.

“La estafa, por caso, reproducir una canción sobre la cual no tengo los derechos (piratería), cualquier injuria o amenaza, la corrupción de menores”, son algunos ejemplos, añadió. El letrado resaltó asimismo que “el stalking (‘espiar’ en términos leves las redes de otra persona) en Argentina no es un delito; el phishing (la captación indebida de datos confidenciales o suplantación de identidad de una persona o una institución) en sí tampoco, sí lo es lo que la persona que roba esos datos haga con ellos”.

En resumen, no hay consenso claro de qué puede ser considerado un delito penal. Esa falta de conocimiento irradia desde las autoridades a la ciudadanía, que tampoco tiene una idea cabal de lo peligroso y perjudicial que es la conexión sin protección adecuada. Lo que ocurre en el país en esta materia, reflejan desde el Observatorio “es consecuencia de la falta de estadísticas oficiales en la materia, representando un aspecto sustancialmente problemático que impide desarrollar un trabajo serio de observación, análisis y elaboración de estrategias o planes a mediano o largo plazo orientados a combatir el cibercrimen”.

Un claro ejemplo de esta amenaza latente es el hackeo a un hospital alemán que causó la muerte de un paciente (ver aparte).

Desde ODILA señalaron que “la cifra negra es muy alta” y esto indica que ocho de cada diez delitos informáticos no son denunciados formalmente. Es decir, “no llegan a oídos del sistema y eso genera un gran problema, porque el Estado cree que hubo dos casos y en realidad fueron 10”, remarcó Temperini. Los casos más denunciados son “las amenazas, injurias, calumnias, todos menores. Asimismo, la difusión no consentida de material privado (fotos, videos); y en época de pandemia las estafas están a la orden del día”, detalló. Para combatir el grooming (la corrupción de menores a través de Internet) hay “muchos recursos invertidos en investigar cada hecho”, expresó, a diferencia de lo que ocurre con otras transgresiones.

En tiempos de cuarentena, la situación empeoró de manera ostensible. Temperini expuso que “(el confinamiento obligatorio) ha llevado a que muchos más chicos se conecten a Internet y, quienes ya lo hacían, ahora estén más tiempo. Eso relajó muchos controles”, parentales y de otro tipo. No se trata de una cuestión menor: “El riesgo más grande que corre hoy un menor es la posibilidad de encontrarse y ser víctima de un delincuente sexual, que por medio de distintos formatos lo capta”.

El grooming, de eso habla el informático, tiene varias etapas. “Un contacto inicial en donde el agresor simula ser otro chico o chica, genera una relación de confianza, empatía, conexión, con la víctima; otra etapa en la que el menor envía contenido propio o íntimo; una fase en donde comienza la extorsión y el delincuente se ‘saca la careta’, se presenta como adulto y amenaza con difundir la información e incluso proponer encuentros físicos”, desgranó.

También hay casos muy graves de ciberbullying, en donde “los chicos son víctimas de forma constante y agresiva de un discurso muy fuerte. Hoy se está trabajando mucho sobre eso”, aclaró. Es indispensable “generar, sistematizar y difundir información sobre la realidad de esta problemática, así como fomentar la realización de denuncias por parte de las víctimas”, culminó Temperini.