Sigue la puja con panaderos de la Isla Martín García

El conflicto entre los panaderos de la isla Martín García y el gobierno de la Provincia desatado en agosto continuará ahora en la justicia Contencioso Administrativa. Mientras tanto, los isleños que forman parte del conflicto continuarán en sus viviendas, conforme lo resolvió la justicia Civil y Comercial al hacer lugar a una medida cautelar.

Se trata del panadero de la isla, Fernando Sánchez, y su esposa, la docente jubilada Rosana Paoletta, a quienes, junto al exjefe de departamento Alcídes Galarza, se les notificó el vencimiento de los convenios por los que ocupaban instalaciones en la histórica isla.

Como viene publicando este diario, los inmuebles de la Martín García son propiedad de la Provincia y las 123 familias que los ocupan de forma permanente pagan un canon o contraprestación por ocuparlos.

En el caso de la familia Sánchez y de Galarza, la dirección provincial de Islas notificó recientemente la caducidad de esos convenios, pero los isleños, argumentando arraigo, rechazan la decisión y reclaman continuar viviendo en el lugar.

“Se trata de vecinos que llevan más de 30 años en el lugar y el lunes la señora Paoletta no pudo embarcarse para reunirse con su marido en la Isla porque la Provincia no se daba por notificada de resolución judicial”, dijo ayer la abogada Mariel Mazzocchini, quien los representa. Y recordó que “les habían cortado la luz e impedido el traslado de insumos para producir pan y ahora, por esta cautelar, deberán restituírselo hasta que se resuelva la cuestión de fondo en el fuero que corresponde, que es el Contencioso”.

“TODO ES CONFORME A DERECHO”

En diálogo con EL DIA, el director provincial de Islas, Eugenio Liggesmeyer, subrayó que el gobierno provincial “se ajusta a derecho en todo sentido”, por lo que “desde ayer, que estuvimos formalmente notificado de la resolución, los vecinos pueden embarcarse y tienen energía eléctrica”.

El funcionario remarcó que la solicitud de restitución de los bienes provinciales que está realizando su área, obedece a que “se trata de bienes públicos cuyos convenios se encuentran vencidos” y se basa en el decreto ley 9.533 de 1980, que regula la forma de restitución de bienes estatales.

Liggesmeyer insistió en que los titulares de la histórica panadería “no pagaban el canon y no presentaron en las respuestas formales ninguna acreditación de haberlo hecho”, al tiempo que afirmó que “tenían personal en negro y no entregaban facturas de compra”.

Ahora, la cuestión de fondo se dirimirá en la justicia Contencioso Administrativa, donde se resolverá la permanencia o no de los tres isleños en el lugar. Mientras tanto, según la última resolución que quedará firme el 25 de octubre, no se podrán adoptar medidas de hecho.