En la causa “Hotesur” y “Los Sauces” -dos empresas de la familia Kirchner- se investigó un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquiler de hoteles y propiedades a los empresarios bajo la sospecha que fue una devolución de favores por los negocios públicos que obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La Justicia investigó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se entregaron contratos de obras públicas a Lázaro Báez, quien habría destinado parte de esos fondos al alquiler ficticio de cientos de habitaciones y salones en dos hoteles de la familia presidencial, entre 2008 y 2013, entregándoles así millones de pesos.
Así, resultaron clave dos hoteles de los Kirchner y una sociedad comercial de Báez, que ofició de gerenciadora de los hoteles.
“Se inició un proceso de reciclaje de una parte del producido de lo defraudado al Estado Nacional en el que las empresas del grupo Báez mediante la falsa contratación de habitaciones y de salones, la contratación simulada de servicios de consultoría integral y marketing e incluso la supuesta contratación para construcción”, habían establecido en sus investigaciones preliminares los fiscales federales Pollicita y Mahiques.
“Otro de los mecanismos a través de los que se justificó la transferencia de fondos fue la supuesta contratación de salones en el Hotel Alto Calafate para la promoción de productos derivados del petróleo pertenecientes a la firma YPF de los que la empresa estatal no estaba siquiera enterada o mediante contratos millonarios por asesoramiento en materia hotelera y marketing para lo que Valle Mitre no contaba en su plantilla con personal adecuado para llevar a cabo dicha labor”, habían sostenido los funcionarios judiciales.
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