El Senado aprobó la designación de Ramos Padilla en el Juzgado Federal 1

Con el impulso del kirchnerismo, el Senado nacional prestó su acuerdo para la designación del juez Alejo Ramos Padilla como nuevo titular del juzgado federal número 1 de La Plata, que tiene competencia electoral en todo el territorio bonaerense.

El acuerdo de la Cámara alta se concretó ayer con 41 votos favorables del Frente de Todos y sus aliados, mientras que los 26 senadores de Juntos por el Cambio –junto a otros opositores- se pronunciaron en contra, pudo constatar EL DIA en el Congreso.

En los discursos previos a la votación, Ramos Padilla –que hasta el momento se desempeña como juez federal de Dolores- recibió el apoyo del senador kirchnerista bonaerense Jorge Taiana y el rechazo del peronista disidente salteño Juan Carlos Romero.

“Se nota que el juez tiene capacidad porque le va bien en los concursos, pero no tiene idoneidad, que debe ser la razón para designar a un funcionario y no su pertenencia a una fuerza política”, dijo con ironía Romero vía remota desde la provincia norteña.

A su vez, Taiana sostuvo que Ramos Padilla fue “víctima de una campaña mediática y política de descalificación que tiene pocos antecedentes” y afirmó que antes de ingresar a la Justicia, el juez de Dolores fue un “afiliado del radicalismo” y no del PJ.

Tras los discursos, todos los senadores de JxC rechazaron el acuerdo al pliego de Ramos Padilla, que fue elevado por el presidente Alberto Fernández luego de que el magistrado ganara el concurso y la selección del Consejo de la Magistratura.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, que encabeza el Senado, no estuvo presente a la hora de la votación, tras dar inicio a la primera sesión extraordinaria de 2021. Pero su acuerdo fue expresado por la mendocina Anabel Fernández Sagasti, su mano derecha en la Cámara alta.

Ramos Padilla investigó en los tribunales de Dolores lo que definió como una organización paraestatal de espionaje por la cual continúa detenido el falso abogado Marcelo D´Alessio, en una causa que generó controversia y que ahora se encuentra en manos de la Cámara Federal de Mar del Plata.