Argentina recibió un 20% de las vacunas acordadas pese a que ya pagó por la mitad

A pesar de haber pagado ya varios millones de dólares por el equivalente a la mitad de las vacunas contra el COVID acordadas, el país recibió tan sólo el 20% de lo pactado, algo que ya está siendo investigado por la Auditoría General de la Nación (AGN).

En diciembre de 2020, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, anunciaba que el país había suscrito acuerdos por 50 millones de vacunas.

Sin embargo, según consigna El Cronista, datos de la cartera sanitaria indican que hasta el momento el país recibió poco menos de 12 millones de dosis, lo que representa el 20% de las vacunas aseguradas, pese a que el Gobierno pagó por el 50%.

Esto representa un claro incumplimiento en los contratos firmados y el retraso generalizado en la entrega de vacunas, además de demorar su aplicación, motivó que la AGN iniciara una investigación para determinar eventuales responsabilidades en el plano local.

El Gobierno firmó acuerdo con los laboratorios que producen AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik V, Covishield y Moderna. Incluso, tuvo una activa participación en el acuerdo entre AstraZeneca y el laboratorio argentino propiedad de Hugo Sigman por el que el reactivo de la vacuna es producido acá y llevado a México, donde se lo fracciona, envasa y distribuye. Sin embargo, por distintas circunstancias, Argentina todavía no recibió ninguna dosis de las poco más de 22 millones acordadas, por lo que el contrato sigue sin cumplimentarse.

Las 50 millones de dosis que el Gobierno decía tener acordadas en diciembre último representan un monto global de 380 millones de dólares, de los cuales 189 millones ya fueron abonados por el Gobierno, es decir la mitad, pero hasta el momento arribó apenas un 20%, con retrasos desde el primer momento de entrega.

Frente a este escenario, la Auditoría General de la Nación está en alerta por las eventuales irregularidades en el plan de vacunación y por el incumplimiento de los contratos firmados por el Gobierno, en especial con AstraZeneca. El organismo quiere determinar si la estructura organizativa y de gestión de los convenios es la adecuada para que se cumplan los objetivos establecidos.