Más cruces por las tomas de terrenos en La Plata

Sigue la polémica por el avance sin freno de las tomas de tierras en la Provincia, con epicentro en La Plata, donde se calcula que hay más de 250 hectáreas de terrenos usurpados, más de 40 ocupaciones ilegales activas y casi 200 mil personas repartidas en 260 asentamientos. Se trata del mayor registro en todo el territorio, situación que en las últimas horas motivó una catarata de proyectos impulsados por la oposición en el Congreso y en la Legislatura, y que ayer mereció la respuesta del jefe de asesores bonaerense, Carlos Bianco.

“El intendente Julio Garro es el principal responsable” porque “es el jefe territorial” de La Plata, disparó ayer el funcionario de Axel Kicillof, un día después de que el alcalde local se mostrara “preocupado” y “en situación de alerta” por las tomas que, admitió, “han sido un delito en aumento durante los últimos meses en la Ciudad”.

Según Bianco, “no se pueden solucionar de un día para el otro todos los problemas, sino no serían problemas estructurales sino coyunturales. Pero estamos trabajando”, dijo. Y calificó como “oportunista” la actitud de la dirigencia opositoria que en las últimas horas cargó contra la administración provincial por este tema.

Desde Diego Santilli a Cristian Ritondo, los diputados nacionales de Juntos salieron el miércoles a exigirle al Gobernador que “ponga un freno” a las ocupaciones ilegales. Por caso Ritondo, que es el presidente del bloque PRO en Diputados, presentó un proyecto de resolución en el Congreso expresando su “preocupación” por esta situación y habló de “la inacción del gobierno provincial para frenar y prevenir la comisión de este delito”.

En ese texto, que también fue firmado por María Eugenia Vidal, Mercedes Joury, Gabriela Besana, María Luján Rey, Alejandro Finocchiaro y Camila Crescimbeni, se hace especial hincapié en la megausurpación que se asienta sobre el predio del exClub de Planeadores, en Los Hornos (se dice que allí hay unas mil casillas y 2.600 personas habitando construcciones precarias, lo que configura la toma más grande de la Provincia). El flagelo, como ha documentado EL DIA en base a testimonios vecinales, se agrava con el remate ilegal de lotes por redes sociales, el robo de energía eléctrica y distintos hechos de inseguridad, denunciados incluso por la Comuna.

En tanto ayer, la polémica llegó a la Legislatura. Por un lado, el diputado provincial de Juntos, Daniel Lipovetzky, presentó un proyecto de ley para impedir que accedan a los programas de viviendas sociales las personas “que fomenten o impulsen las tomas de terrenos en la Provincia”. La iniciativa propone crear además un registro de beneficiarios de programas de vivienda “para identificar a aquellos que reciben los planes de vivienda y poder dar cumplimiento a esta iniciativa”.

En ese sentido, Lipovetzky fundamentó que en la Ciudad, a partir de 2020, “hubo un incremento exponencial y preocupante, en correlación con toda la Provincia, del delito de usurpaciones a la propiedad privada” lo que, dijo, “genera miedo e inseguridad a todos los vecinos”.

También en la Legislatura, el diputado Guillermo Castello, de Avanza Libertad (cuyo principal referente es José Luis Espert) impulsó un pedido de informes “para que el Gobierno explique qué medidas tomó contra la toma de tierras y las usurpaciones en la Provincia” y reclamó terminar “con la tolerancia a las violaciones al derecho de propiedad” que, argumentó, “proliferan ante una inaceptable pasividad estatal”.